El proyecto del gobierno de crear macrorregiones en lugar del modelo actual basado en los antiguos departamentos puede llegar a ser el más importante de todos los que ha planteado hasta el momento.
Va a requerir de mucha inteligencia política, de que se hile fino para evitar acentuar en lugar de atenuar los conflictos, que haya buen criterio económico que ecualice la injusta distribución de los recursos públicos que hoy pone en jaque el proceso mismo de regionalización, pero principalmente va a tener que hallar una fórmula de representación política que no subordine a las regiones más pequeñas a la voluntad de las más grandes.
¿Los principales conflictos sociales se asientan en las provincias porque en ellas hay más pobreza que en Lima? Esta ecuación pobreza-violencia ya hace siglos que ha sido soslayada por las ciencias sociales, pero como nuestra clase política no es muy leída que digamos sería bueno recordar que, ya desde Tocqueville, la misma ha perdido validez (léase el brillante artículo de Francis Fukuyama en la revista Letras Libres 150, asequible por internet).
Las clases medias ascendentes son las que generan y conducen la protesta porque el mayor poder económico que adquieren no va de la mano con un statu quo político que no los hace partícipes plenos. Por primera vez en nuestra historia, el mayor crecimiento económico del Perú no ha estado asentado en Lima sino justamente en el resto del país. Y queda claro que el torpe proceso de regionalización, iniciado durante el gobierno de Alejandro Toledo, más temprano que tarde iba a conducir a impasses únicamente solubles mediante el conflicto.
Con lucidez, en 1980, el antropólogo José Matos Mar identificó que entonces el sujeto social era el empresario emergente limeño, la choledad migrante que felizmente supo construir un camino de inserción económica alternativo al oficial (lo que De Soto llamó “el otro sendero”). Hace pocos años, el autor de “Desborde popular y crisis del Estado”, señaló que el sujeto social que iba a ser predominante en este siglo iba a ser la provincia.
En eso estamos. En medio de una situación donde el mayor protagonismo económico de los provincianos – quienes, dicho sea de paso, ya no migran masivamente a Lima- está generando redes sociales que aspiran a una mayor soberanía y capacidad de decisión de sus actos políticos. Y que, por supuesto, ni por asomo ven realizada esa pretensión bajo el esquema banal bajo el cual se eligen hoy en día los poderes locales. Ese es el desafío presente más complejo para la gobernabilidad del país y la valla que hay que superar para lograr que la nación entera se incluya en el proceso de modernización.
Juan Carlos
Tafur