Si hay algo peor que nuestra clase política es, sin duda, la dirigencia de los clubes profesionales de fútbol. Incompetencia, rapiña y falta de visión estratégica son la norma general en el ámbito del deporte más popular del país. La situación de los dos clubes con mayor arraigo es la mejor demostración. La U y Alianza Lima están al borde de la quiebra legal, porque técnicamente ya lo están hace tiempo.
Creemos que la solución, lamentablemente, ya no pasa tan solo por la ventura de que caigan en buenas manos dirigenciales, o que algún inversionista privado decida arriesgar su dinero. La situación de los clubes se parece mucho a la de las cooperativas azucareras antes de su privatización. Acosados por deudas como están y llenos de contingencias judiciales posibles, no habrá quién se anime a intervenir si no hay una decisión política de resolver el problema.
La Sunat, aunque llevada por el criterio de igualdad ante la ley, ha tomado una posición que los ha puesto al borde del abismo. Lo que está haciendo Tania Quispe es algo que se debió hacer años atrás, pero hoy en día, lejos de resolver el problema, lo que va a generar es que los clubes afectados por sus medidas no puedan subsistir.
Se requiere una suerte de protección patrimonial que por un tiempo prudencial permita que los socios actuales o los potenciales inversionistas se animen a trazar una propuesta de salida. El Congreso debería tomar cartas en el asunto y entendemos que hay una iniciativa de la FPF en ese sentido. Si, por ejemplo, se acotan las deudas tributarias, se establecen compromisos vinculantes y se crea un organismo supervisor –si es que la Sunat, como principal acreedora, no lo desea hacer-, sí hay una luz al final del túnel.
Se ha hecho en otros países y con éxito. En el caso de la U, que medianamente conozco, hay soluciones a la mano que requieren solo de inteligencia de las partes. Por citar tres ejemplos: que el Estado le transfiera en propiedad el estadio Lolo Fernández con la obligatoriedad de ser subastado; que se cambie la zonificación de Campo Mar y una parte o todo el terreno se destine a usos inmobiliarios; que se entregue el propio Monumental al Estado y de la mano se firme un contrato de uso exclusivo deportivo por parte de la U de sus instalaciones, como una suerte de concesión o alquiler (y que el Estado lo use, aparte de los partidos de fútbol, para lo que desee: conciertos, actividades sociales, etc.). Hecho ello, alcanzaría de sobra para saldar el íntegro de la deuda y para diseñar un proyecto deportivo autosuficiente y razonable.
Hablamos de medidas de excepción, sin duda, pero consideramos que el beneficio es infinitamente mayor que el costo, para el propio Estado inclusive. Y ni qué decir de la sociedad, buen
Juan Carlos
Tafur