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Jueves 17 de Mayo del 2012

La Columna del Director | 29-01-2012 | Juan Carlos Tafur

Seguimos siendo un país enfermo

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Hay cerca de medio millón de peruanos que sufren serios problemas de adicción a algún tipo de droga. Y la oferta hospitalaria, pública y privada, no es capaz de cubrir siquiera un 10% de esa demanda, que constituye por su número un serio problema de salud pública y es, por sus consecuencias, uno de los factores que, sin duda, incrementa los ya altos índices de delincuencia que sufrimos.

 

Por esa razón, muchas familias desesperadas acuden a centros “terapeúticos” que, en verdad, lo único que hacen es encerrar el problema, sin ningún tipo de atención psicológica o psiquiátrica. Como se ha visto en la tragedia ocurrida ayer, son lugares en los cuales se trata a los pacientes como presos de cárceles medievales, encadenados, con alimentación tan miserable que ni siquiera en los centros penitenciarios más infernales del país reciben, y todo ello en medio de castigos y abusos terribles.

 

Por nuestra experiencia profesional previa, en el campo de la psicología clínica, hemos tenido ocasión de trabajar y efectuar internados en más de una institución de las consideradas formales. Y, salvo el hospital Delgado-Noguchi, en el resto la situación deja mucho que desear. No se utilizan los psicofármacos de última generación, no hay personal suficiente para atender un problema que requiere de toda una batería profesional (no solo psiquiatras y psicólogos) y el compromiso de la familia del paciente ni siquiera es tomado en cuenta por las complicaciones logísticas que implica.

 

Para sumar en este cúmulo de problemas, los profesionales privados casi no aceptan estos casos. Muchos de ellos señalan, inclusive, que es un esfuerzo vano porque la drogadicción, a su juicio, es incurable.

 

Y si la realidad es terrible para pacientes con capacidad económica, imaginemos el terrible calvario por el que deben pasar las familias sin dinero que tienen que enfrentar la desgracia de ayudar a un familiar capturado por la droga.

 

En ese contexto, resulta condenable que ninguno de los gobiernos últimos haya tomado la decisión de construir hospitales especializados. Desde que se construyera el mencionado Delgado-Noguchi (hecho, además, gracias a la cooperación japonesa), no ha habido ninguno otro.

 

Las denominadas “comunidades terapeúticas” son una opción legítima, sin duda, pero si no cuentan con una estricta supervisión estatal terminan siendo simples lugares de encierro que extirpan el problema de los hogares, pero ni curan ni alivian, ni mejoran la salud de los pacientes.

 

El grado de civilización de una sociedad se puede medir evaluando cómo trata a los denominados “enfermos mentales”, y entre ellos a los drogadictos. Si nos medimos así, queda claro que el Perú sigue siendo un país gravemente fracturado y retrasado. La tragedia de San Juan de Lurigancho debería servir, al menos, para recordarnos cuánto nos falta aún para calificar como sociedad moderna y viable.

 
Juan Carlos
Tafur

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