Hay mucho por discutir, sin duda, respecto de la libertad de prensa, sus vínculos con la libertad de empresa, sus derechos y deberes, sus límites y prerrogativas. Esta columna, inspirada por cierto en la deleznable censura perpetrada contra la periodista Rosa María Palacios, la dedicamos a dos aspectos de fácil resolución que ayudarían mucho a que se logre generar una oferta informativa plural que garantice una ciudadanía capaz de acceder a una gama de opciones periodísticas.
1.- La concesión de las señales de televisión abierta. Según nos informan los entendidos en la tecnología digital, hoy en día es posible que haya más canales. A la fecha, solo pueden caber el 2, el 4, el 5, el 7, el 9, el 11 y el 13. No hay más chance.
Pero con la digitalización ese abanico se puede ampliar tres o cuatro veces más. Donde hoy solo cabe una señal pueden caber varias más. Pues bien, el gobierno decidió concederle automáticamente dichas señales a los actuales concesionarios de los canales señalados. ¿Es eso bueno? ¿Es correcto? ¿No hubiese sido más justo y democrático que las mismas se subasten y que, en consecuencia, haya más grupos empresariales con capacidad de operar en el mercado televisivo?
Nadie sugiere tocar a los canales ya operativos. Ninguno de ellos ha violado la ley y tienen una gran inversión hecha. El Estado cometería un legicidio si les arrebata, en base a artilugios, dicha concesión. Pero no hay razón alguna para que graciosamente –y suponemos que gratuitamente- les concedan las señales que la tecnología digital permite que sean utilizadas.
Es difícil, pero posible controlar cinco canales de televisión abierta. Pero sería casi imposible hacerlo con veinte. Bastaría que alguno de los concesionarios entienda que el público valora la independencia periodística para que inmediatamente lo premie con su sintonía.
2.- El manejo transparente de la publicidad estatal. Es dinero de todos los peruanos, no del gobierno de turno. Lo que ha sucedido en estos cinco años ha sido escandaloso y ameritaría que se investiguen los montos asignados y verificar si corresponden a la sintonía o lectoría de los medios de comunicación beneficiados o, más bien, a su rendición informativa respecto de los intereses políticos del poder.
Los cientos de millones de dólares que se mueven en ese mercado publicitario deben colocarse de acuerdo a mediciones objetivas y transparentes, no en base al capricho y antojo del régimen de turno, como es tradición en nuestro país.
Mucho cambiaría el habitual coro monocorde oficialista, llevado a su cúspide estos años, si la publicidad se manejase técnicamente y no fraudulentamente, sin que importe si el medio es “amigo” o no del gobierno.
Si se quiere construir una institucionalidad periodística realmente democrática, es necesario romper el esquema corrupto con el que los gobiernos actúan para someter a la prensa. Por lo pronto, revisando los dos aspectos que en esta columna señalamos.
Juan Carlos
Tafur