Aquella infamia

Columnistas | 16-07-2011 | Renato Cisneros

Hasta cierto punto, quizá porque soy hijo de un militar que fue honesto, entiendo la perspectiva castrense que se articula ante las acusaciones de violación contra los derechos humanos que muchos miembros del Ejército han recibido de manera precipitada.

Comprendo, por ejemplo, que un soldado –que se presume íntegro, que ha sido entrenado para protagonizar la guerra y jugarse la vida por el país– sienta que el Estado lo menoscaba cuando, en lugar de saludar su valentía al enfrentar cara a cara a mandos subversivos, le extiende citaciones para que comparezca ante la justicia. Un oficial que arriesga su pellejo en la lucha armada y luego es trasladado a los tribunales pone en lógico entredicho el espíritu combativo con que se formó: ¿para qué defiendo a mi patria, si luego el Estado me empapela y la sociedad me grita asesino? A esos buenos militares, a los que pelearon por nosotros sin desbordar el marco legal, habría siempre que diferenciarlos y reconocerlos.

Lamentablemente, los peores enemigos de los buenos militares no son las ONG pro DDHH, sino los malos elementos que visten ese mismo uniforme, pero que creen que la defensa de la patria debe practicarse con ruindad. Son los malos militares, los cobardes, los abusivos, los asesinos, los que dañan, a veces de modo irreparable, la honra y prestigio de los militares decentes.

Ese es el caso del subteniente (EP) Telmo Hurtado Hurtado. Hay que leer los reportes de Aprodeh acerca del caso Accomarca para tener siquiera una ligera idea de los terribles hechos perpetrados por este hombre, en complicidad con otros tantos y bajo órdenes de todavía no sabemos quién. De los muchísimos casos existentes, este me ha parecido especialmente trágico, por el comportamiento sicario de los involucrados.

De acuerdo con el testimonio de diversos testigos, la mañana del 14 agosto de 1985 (primer gobierno de García Pérez) la patrulla de Telmo Hurtado y la del teniente (EP) Juan Rivera Rondón, con aproximadamente 25 efectivos, llegaron a Llocllapampa, localidad ubicada a tres kilómetros de Accomarca y anunciaron una asamblea. Con ese pretexto, reunieron a 69 comuneros en la plaza del pueblo, y luego los agruparon en tres viviendas, separando a los hombres de las mujeres y los niños. Los testigos aseguran que previamente los militares llevaron a las mujeres a una acequia, donde habrían sido violadas.

Los militares acusaban a los pobladores de terroristas, pues decían tener referencias de que en Llocllapampa había dos escuelas populares y un centro de abastecimiento senderista. Dice Aprodeh: “Luego empezaron los disparos y la desesperación. Las mujeres gritaban, los ancianos pedían auxilio, los niños lloraban. Sin embargo los efectivos no cesaban en su accionar, por el contrario, incendiaron las viviendas y finalmente les lanzaron granadas. A las cuatro de la tarde, se retiraron. Los pobladores que habían escapado regresaron y observaron la horrible escena: 39 adultos y 23 niños ejecutados”.

Cuando meses después una comisión del Senado lo entrevistó, el subteniente Hurtado no solo no se mostró arrepentido, sino que llegó al extremo de justificar el asesinato de niños con el argumento –esto es para escarapelarse– de que los comunistas iniciaban el adoctrinamiento de sus seguidores desde muy temprana edad.

Va a ser decisivo, no solo para las familias de las víctimas, sino para toda la ciudadanía, que la justicia peruana castigue estos hechos sin ningún miramiento, y que nos diga, aunque sea veintiséis años más tarde, los nombres de los actores políticos responsables de aquella infamia.