Al parecer la mayoría de ciudadanos y varios analistas apoyan el dictamen sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, recién aprobado en el Congreso. Comparto la preocupación de los primeros, pero en este debate estoy con los que se oponen.
En general, nunca me han gustado los argumentos progresistas a favor de reglas pre-liberales. La prescripción es una institución que pone límites a la acción estatal, “sanciona” al Estado que no logra hacer justicia a tiempo (tiempo ya bastante largo en el Perú, dicho sea de paso). Es tan liberal como los derechos humanos. La excepción a esta regla se da en aquellos casos de crímenes abominables como la tortura o el genocidio. Si cualquier tema se vuelve imprescriptible, pues hacemos de la excepción la norma y horadamos este principio liberal.
Además, reflexionar sobre el tema en abstracto nos hace perder de vista el contexto en que se aplicará la norma. En manos de jueces débiles, que no se han caracterizado por su autonomía en nuestra historia, permitirle al Estado abrir causas décadas después de cometidos los supuestos delitos es una excelente forma de sacarse de encima rivales políticos.
Una tercera razón para discrepar de este tipo de medidas es que refuerzan una hipocresía legalista muy extendida en el país. Poner el acento en las normas legales para solucionar los problemas sociales no toma en cuenta los límites de la ley para cambiar la realidad y deja de lado las soluciones de fondo. Para enfrentar esos temas se requieren reformas mucho más profundas y un cambio sustantivo en la capacidad estatal (y a veces ni con eso).
El problema de fondo pasa por tener instituciones débiles, lentas, incapaces de enfrentar a criminales con amplios recursos. Los corruptos no dejarán de serlo porque se les promete una persecución vitalicia, ya que se zurran en plazos bastante largos. ¿Es que acaso hay menos corrupción en Bolivia, Ecuador y Venezuela porque se ha declarado la imprescriptibilidad de la corrupción? Por supuesto que no.
Si algo ha demostrado la corrupción en el Perú es que se adapta bien a todo tipo de régimen político y modelo económico, desde el estatismo de Velasco hasta el neoliberalismo de García 2006, pasando por el populismo de García 1985 y la corruptela de mercado Fujimorista. En vez de cambiar reglas pensemos mejor en fortalecer a quienes persiguen la corrupción. Y si lo que se quiere es evitar la impunidad por supuestos plazos cortos de prescripción, ¿no es mejor aumentar razonablemente las penas de aquellos delitos graves a los que se refiere el dictamen?
Eduardo
Dargent