Reformitis

Columnistas | 20-11-2011 | Eduardo Dargent

El Congreso debate por estos días la eliminación del voto preferencial. El voto preferencial, nos dicen, afecta la unidad de los partidos al incentivar a los miembros de las listas congresales a competir entre sí. Además, reduce la calidad de la representación al permitir que invitados con abundantes recursos de campaña sean elegidos por sobre líderes partidarios, fomentando la indisciplina en el Congreso. Adoptar listas congresales cerradas solucionaría, en parte, estos problemas.

Discrepo. Este reformismo legalista se basa en la ilusión de que cambiar las reglas permite solucionar problemas profundos, en este caso la debilidad de los partidos políticos. Hay varios problemas con este razonamiento, muy extendido en un país donde se cree que el derecho transforma la realidad. Uno de ellos es que el voto preferencial tiene algunos efectos positivos, como permitir el ingreso de líderes políticos representativos relegados a los últimos lugares. Pero me centro en el principal: lo más probable es que la reforma no tenga mayor efecto sobre los problemas diagnosticados o, incluso, los incremente.

La indisciplina y la baja calidad de la representación se dan porque nuestros débiles partidos (si cabe llamarlos así) usan sus listas para conseguir recursos de campaña vendiendo puestos y/o para atraer candidatos competitivos, pues sus militantes por lo general no lo son. Como ha señalado Mauricio Zavaleta en Noticias Ser, cerrar las listas no va a cambiar esta situación, pues estos “partidos” seguirán buscando fondos y candidatos no partidarios que traigan recursos y popularidad (incluso incrementando los precios de los primeros puestos de la lista).

Tampoco creo que la solución pase por exigir a los partidos cumplir con una serie de requisitos para “hacerlos fuertes”: elecciones internas, comités en provincias y un largo etcétera. Estas reglas regulan una vida partidaria que no existe. La principal queja de los líderes de partido con los que he conversado es que muchas de estas reglas debilitan a sus débiles organizaciones, pues fomentan la división interna y no solucionan el problema central: ausencia de recursos y debilidad electoral de sus pocos militantes. Es como pedir a enfermos que corran maratones. Que estas reglas terminen siendo letra muerta no se debe solo a una débil fiscalización, sino a que si se fiscalizara en serio ningún partido quedaría registrado.

Simplificando, en América Latina vemos partidos nacionales sólidos donde hay divisiones fuertes a través de la sociedad y el territorio que se reflejan en partidos y/o donde los partidos controlan recursos, muchas veces fondos estatales, que hacen competitivos a sus candidatos. Sin estas divisiones, y sin recursos, es poco probable que veamos partidos fuertes en el corto plazo. Mi única recomendación sería dejar de cambiar las reglas electorales, a ver si los partidos comienzan a adecuarse mejor a las existentes, y realizar una fiscalización efectiva de aquellas normas por donde se cuelan los casos escandalosos: revisar las hojas de vida, garantizar mínimos razonables de organización partidaria y control de los fondos de campaña.