Una nueva etapa

Columnistas | 29-07-2011 | Gustavo Guerra-García

Luego del nombramiento de su primer Gabinete Ministerial, Ollanta Humala inicia su Gobierno en un contexto que está cargado de expectativas en los sectores populares y temores en el campo de la inversión. Quizás como una manera de contrapesar los indicios de que el modelo económico será administrado bajo los mismos principios que en los últimos 20 años, el nuevo presidente juramentó sobre la Constitución de 1979 y pone en el centro del debate nacional la reforma del régimen económico de la actual Carta Magna. La actual Ley de leyes está fuertemente asociada al proceso de reformas liberales y concentración del poder político que caracterizó al régimen fujimorista. La Constitución de 1993 canceló el proceso de descentralización anterior, eliminó la existencia de la Cámara de Senadores y concentró el poder y las competencias en el Gobierno Central y en la Presidencia de la República. En mucho, la Constitución vigente fue confeccionada a la medida de las necesidades de corto plazo del gobierno del presidente Fujimori y, por lo tanto, para muchos peruanos, cuestionarla constituye una significativa reivindicación política. Definitivamente soplan nuevos vientos políticos.

No obstante, el gesto puede generar un incremento de los temores por el cuestionamiento al concepto del Estado subisidiario consagrado en la Constitución de 1993. Por ello será importante clarificar cuál será el sentido de la reforma y hacia dónde se apunta. El gobierno entrante requiere que exista inversión para crecer, crecer para generar empleo y abundantes recursos públicos para redistribuir. El nuevo equipo económico tendrá que trazar las líneas y rayar la cancha de las reglas de juego para el crecimiento. Pero, al mismo tiempo, se requerirá un enorme esfuerzo para reformar de forma sustantiva la hacienda pública para atender las necesidades de las mayorías que votaron por Ollanta Humala. La prudencia macroeconómica no debe continuar significando que el presupuesto siga postergando los recursos corrientes para los programas regulares ni tampoco se puede continuar con remuneraciones muy reducidas en gobiernos regionales y locales que requieren una capacidad muy superior de respuesta pública. En la reforma institucional que potencie todo el aparato prestador de servicios en el campo social y el traslado eficiente de recursos públicos de las partidas de inversión a las de los programas sociales regulares, se jugará la gobernabilidad del actual gobierno. Confiemos en que esta transición sea exitosa.