En busca de una Justicia Ambiental

Columnistas | 18-11-2011 | Gustavo Guerra-García

En busca de una Justicia Ambiental

El presidente Ollanta Humala ha tomado una decisión arriesgada al fijar posición desde el más alto nivel en el caso de Minas Conga, importante proyecto minero en Cajamarca. En este caso, el líder del nacionalismo está poniendo todo su liderazgo en juego sobre la base de la posibilidad de encontrar una solución concertada e institucional que no debe pasar por encaminar el proyecto a través de un esquema represivo y de enfrentamiento abierto con la región que más población rural tiene. Definitivamente está recibiendo el aplauso del Perú moderno, pero es posible que ese mismo gesto genere una importante desazón en la base social de las provincias que le dio el triunfo y en donde todos son ecologistas o ambientalistas. En las zonas rurales muchos esperaban el anuncio de un Estado que proyecte la imagen de árbitro fuerte entre los intereses de la gran minería y las comunidades. Esperemos que el Gobierno del Perú esté en capacidad de plantear una buena estrategia de aproximación al conflicto. No será fácil. Al actual gobierno le puede ocurrir lo que le pasó al gobierno de Toledo con la frustrada privatización de Egasa y Egesur en Arequipa, por un manejo inadecuado de una situación delicada y conflictiva. Y en este orden de ideas, actos como que el Ministro de Energía y Minas aborde un avión privado de propiedad de empresas mineras es un error que no se puede volver a cometer. Esos símbolos pueden valer para la población postergada rural más que mil discursos.

De otro lado, el conflicto de Cajamarca no será el único que se deba enfrentar. Están pendientes las definiciones en el caso de Tía María y, sobre todo, el peligrosísimo caso del proyecto de Inambari que podría inundar decenas de miles de hectáreas en Puno y en donde será muy difícil obtener la ansiada ‘licencia social’. La luna de miel de los 100 días parece terminar y van cobrando mucha importancia los conflictos más constantes en el país: Los ambientales. El Perú del interior esperaba del presente gobierno que promueva un Ministerio del Ambiente fuerte con facultades plenas para evaluar imparcialmente los estudios de impacto ambiental, los límites máximos permisibles y los planes de manejo ambiental. Solo la existencia de una poderosa autoridad ambiental nacional podrá dar la confianza de que el Estado está en condiciones de aportar una nueva Justicia Ambiental. La paz alrededor de los proyectos requiere la construcción de una institucionalidad que pueda equilibrar los intereses de todos los afectados. Aún hay tiempo.