Minas Conga

Columnistas | 25-11-2011 | Gustavo Guerra-García

El medio ambiente se ha convertido en el tema del día. El país entero está internalizando que en el contexto del cambio climático, el agua es un tema de fondo. Los pobladores de la Sierra aprecian todos los días cómo los picos nevados se achican y cómo la deforestación afecta todo tipo de manantiales y fuentes de agua. Si seguimos la definición del sector saneamiento de lo rural –todos los centros poblados menores a 2,000 habitantes-, entonces alrededor del 40% de la población habita en zonas rurales. Si Lima dejara de existir por la explosión de una bomba atómica, la mayor parte del país estaría conformada por zonas rurales en donde predomina la actividad agraria. Y para todos aquellos que dependen de la agricultura para subsistir, el agua es fundamental. Por ello no es de extrañar que el país haya girado hacia opciones verdes, ambientalistas o ecologistas en toda la sierra y en gran parte del país. Si algún partido de izquierda hubiera asumido la doctrina del eco-socialismo europeo quizás habría captado muchos adeptos en todo el país. La agenda ambiental está en el primer plano de las preocupaciones de la mayoría hace rato y la necesidad de buscar un equilibrio entre los intereses generales del país, de las comunidades campesinas y nativas y de las empresas extractivistas es muy grande. El gobierno del Perú está entrando en una crisis de confianza con el sector rural que apostó por la alianza Gana Perú con mucha esperanza. Está a tiempo de recuperar plenamente su base social si toma las decisiones correctas. La primera de ellas es fortalecer la autoridad ambiental y trasladarle las competencias que le corresponden que han estado en los ministerios sectoriales. Dentro de ellas, la principal es la facultad de revisar los estudios de impacto ambiental (EIA). Una decisión rápida en esta dirección puede resolver la crisis de confianza. De lo contrario, el conflicto puede escalarse hacia problemas imprevisibles. El caso de Minas Conga refleja la crisis de confianza con el sistema público ambiental. El EIA puede haber pasado por los procedimientos legales, pero con todo el pueblo de Cajamarca en contra, es obvio que no obtuvieron la ansiada ‘licencia social’. En esta situación solo el traslado de la facultad principal a la autoridad ambiental podría permitir recuperar la confianza y darle alguna probabilidad de viabilidad al proyecto Minas Conga. Si el presidente Ollanta Humala quiere el oro y el agua, requiere generar toda la confianza posible en la población y ello implicará una revisión exhaustiva del proyecto por parte de una autoridad ambiental independiente. Esperemos que en las próximas horas el diálogo permita una solución equilibrada consistente con una nueva Justicia Ambiental.