Al inicio de la actual administración, el Gobierno tenía dos opciones para acelerar la inversión y la ejecución de los proyectos públicos o de concesiones) reforzar la capacidad de ejecución seleccionando de forma más adecuada al personal encargado y remunerándolo mejor o ii) relajar los sistemas administrativos, principalmente el SNIP y el sistema de adquisiciones y contrataciones. Se optó por lo segundo y se redujeron los sueldos de los tecnócratas públicos. Las consecuencias fueron claras.se inició un silencioso retiro de funcionarios calificados y, por escándalos periodísticos, se cayeron un sin número de licitaciones importantes y al menos dos ministros tuvieron que dejar sus cargos. Al final, el puro generó mayores retrasos y el país tuvo que esperar meses y años para la concreción de los proyectos.
El anterior gobierno también apuró un proyecto que ha sido ejecutado en la actual administración: La Interoceánica del Sur. Un proyecto necesario que se licitó en tiempo récord y se exoneró del SNIP. Para ‘agilizar el proyecto se modificaron, además, los límites de endeudamiento, y la Comisión Permanente del Congreso alteró la ley de Adquisiciones y contrataciones de modo militar las causas que impiden a los pastores firmar con el Estado firmó a ciegas un contrato en el que, por no haber realizado los estudios mínimos indispensables técnicos y ambientales a tiempo, estamos en una condición de indefensión.
Así, la experiencia demuestra que los esfuerzos por hacer las cosas a la rápida generan, o retrasos mayores o costos fiscales enormes .si no se preparan bien los proyectos, los postores se cubren por los riesgos de la incertidumbre de los estimados de los costos y las obras cuestan mucho más. La experiencia internacional enseña que toda obra compleja que tenga muchos movimientos de tierras, requiere estudios definitivos de ingeniería, de modo que el Estado debe realizar los Estudios de Impacto Ambiental sobre las soluciones definitivas en dichos estudios, o pone en riesgo nuestros ecosistemas. Los decretos de urgencia N° 001 y N° 002, ratificados por el Consejo de Ministros el miércoles pasado, son un intento más por acortar plazos anti-técnicamente con el agravante de que esta vez eliminan la obligatoriedad de la certificación ambiental. De mantener estos decretos de urgencia, el gobierno incubará una bomba de tiempo social que agudizará los conflictos a pocos meses del término del mandato. ¿Cuál es la urgencia del Gobierno?
Gustavo
Guerra-García