CONTAMINACIÓN VISUAL Y AUTORIDAD MUNICIPAL

Columnistas | 25-02-2011 | Gustavo Guerra-García

CONTAMINACIÓN VISUAL Y AUTORIDAD MUNICIPAL

Existen dos ordenanzas vigentes que regulan la difusión y control de la propaganda electoral. La Ordenanza 970 del 12 de agosto del 2006 y la Ordenanza 393 del 10 de julio del 2002. En ambas se establecen las prohibiciones, límites y parámetros para la colocación de paneles. Dada la vigencia de ambas ordenanzas, es un acierto de la alcaldesa de Lima Metropolitana, Susana Villarán, el haber ordenado el retiro de la publicidad que no cumple con las normas y parámetros vigentes.

Es increíble que un conjunto de congresistas dedicados ya sea al negocio de la colocación de paneles o clientes de dichos negocios, estén realizando un cargamontón mediático contra la alcaldesa de Lima y la actual administración, con argumentos cada uno más sorprendente que el otro.

Al respecto, cabe señalar que es falso que exista una contradicción entre los derechos al ornato y a la seguridad de los ciudadanos por un lado, y el derecho a la libertad política de los candidatos de colocar paneles por el otro. Los paneles no tienen que desaparecer, simplemente se tienen que reubicar y colocarse respetando las reglas establecidas. Con ello, todos los argumentos en relación a que son el único medio de difusión para los congresistas con bajo presupuesto caen por su propio peso.

De otro lado, es insólito que un congresista-publicista “panelero” no se inhiba de opinar en una materia en la que no está ejerciendo una función de representación, sino la defensa de intereses específicos. Por este tipo de problemas, que ocurren cuando se subordinan los intereses generales a intereses particulares, el Congreso y su Comisión de Ética tienen un nivel de aprobación bajo cero.

También llama la atención que postulantes al congreso, en camino a la re-elección, muchos de ellos cuestionen la aplicación de las normas vigentes cuando los futuros legisladores deberían ser los primeros en colaborar con el cumplimiento de las normas. ¿Cómo podemos confiar en el trabajo de fiscalización de un grupo de congresistas que a la primera de bastos se rebelan contra las normas vigentes cuando estas afectan sus intereses?

Finalmente, es sorprendente cómo a pesar del fastidio que genera la excesiva contaminación visual, los candidatos de las candidaturas principales generan un derroche de recursos tan grande que arriesgan todo su esfuerzo electoral. Los ciudadanos del país se preguntan: ¿por qué tienen que gastar tanto en propaganda electoral y cuántos favores tendrán que devolver? ¿Llegarán a entender que el exceso de gasto en campañas es percibido como una cachetada a la pobreza por grandes sectores de la población?