Un tema ausente en los programas de gobierno y en los discursos de los candidatos presidenciales que han pasado a la segunda vuelta es el de los accidentes de tránsito. En el Perú tenemos el índice más alto de Sudamérica y el segundo más alto de Latinoamérica. Mueren alrededor de 25 personas al año por cada 10,000 vehículos, mientras que en Chile el mismo indicador es cinco veces menor y en EE.UU., 25 veces menor. No es extraño, entonces, que los seguros obligatorios por accidentes de tránsito sean cinco veces más caros en Perú que en Chile. En nuestro país la principal causa de muerte violenta está relacionada a los accidentes de tránsito y en la última década han muerto más personas por accidentes que los que murieron en la década de los 80 por la guerra entre el Estado y Sendero Luminoso.
Se estima que en el Perú mueren 6,000 personas al año, tres mil en las pistas y otros tres mil en las unidades de urgencia. Los segundos no están en los registros generados por la Policía de Tránsito del Perú. Los recursos que se aportan al Consejo de Seguridad Vial, al Programa de Tolerancia Cero y las Policías de Carreteras y de Tránsito son muy escasos. Cientos de miles de soles en el Consejo de Seguridad Vial y pocos millones de soles en Tolerancia Cero, y en las unidades de la policía que, en general, no cuenta ni con alcoholímetros ni con radares para el control de la seguridad.
La Ley de Transporte y Tránsito y las ordenanzas municipales, permiten que se produzca la guerra del centavo entre las unidades del transporte urbano. Todo el ordenamiento legal permite la existencia de empresas relativamente informales en donde el titular de la ruta no es propietario de los vehículos y, en la práctica, cada conductor está a cargo de la prestación del servicio de transporte. Así, el transporte urbano e interprovincial de pasajeros se suministran de forma atomizada, fragmentada y caótica. El sector transportes es uno de los más informales y con menos trabajadores en planilla y con derechos. Los choferes viven agotados y en permanente riesgo. Los usuarios se persignan para iniciar su viaje al trabajo o al colegio. Ya es hora de una respuesta pública nacional y organizada para enfrentar estos problemas. Ya es tiempo.
Gustavo
Guerra-GarcÃa