LOS VERDADEROS RIESGOS PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO

Columnistas | 17-06-2011 | Gustavo Guerra-García

LOS VERDADEROS RIESGOS PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO

En las elecciones pasadas ganaron los ignorados. Triunfaron aquellos que viven en zonas rurales y urbanas de menores ingresos, los adultos mayores que no tienen pensión ni contrato de trabajo, los campesinos cuyos caminos se interrumpen 4 meses por año, los enfermos que sólo pueden atenderse en la red pública de salud, los padres de los niños que van a las precarias escuelas públicas, entre otros. Las expectativas en estos sectores son enormes. La gobernabilidad no se juega, como han dicho varios neoliberales, en la definición de la política económica (fiscal y monetaria) sino en la gestión de las expectativas en un contexto en el que es previsible que el nuevo gobierno no tenga mucha buena prensa.

La futura administración tiene incentivos poderosos para controlar las cuentas fiscales y cumplir metas de inflación. Además, si no hay sorpresas, tiene el equipo para hacerlo. No obstante, lo que es mucho más difícil de reformar son todas las normas y procedimientos presupuestales que causan las restricciones que obstruyen cualquier posibilidad de mejorar las condiciones generales de operación de los Programas Sociales Regulares y de los gobiernos descentralizados (gobiernos regionales y locales).

Una de las restricciones más graves que hay que resolver es la escasez de recursos corrientes para los principales programas que se administran a través de las Disas de Salud, las Ugeles de Educación, las Agencias Agrarias y las Comisarías. Para que la idea esté clara, estas cuatro instancias son las únicas que atienden a la población de menores ingresos rural y urbana en todas las provincias. En las cuatro, más del 90% de su presupuesto son las remuneraciones del personal y casi no tienen recursos de bienes y servicios, pues los encargados del presupuesto sistemáticamente aplican fuertes medidas de austeridad sobre las partidas de bienes y servicios, que tienen que aumentar si se quiere elevar la bajísima productividad de los programas sociales. Otra restricción crítica son las remuneraciones. Las unidades ejecutoras sociales y las de los gobiernos descentralizados son las que tienen las peores escalas remunerativas. Mientras más cerca el operador público está de la gente, peores sus remuneraciones y más limitados sus gastos en bienes y servicios. Los gerentes de infraestructura regionales y locales ganan entre la tercera y la cuarta parte que lo que ganan sus equivalentes en el nivel nacional a igual magnitud de inversión. ¿Podremos superar este tipo de restricciones? Es importante entender que para que funcione la reforma social tenemos que reconocer que el déficit social es mucho mayor que el déficit de infraestructura. Esto implica que hay que trasladar parte de los recursos de inversión a las partidas corrientes que alimenten a los programas sociales. ¿Habrá llegado la hora de la reforma social?