Conflictos sociales

Columnistas | 24-06-2011 | Gustavo Guerra-García

Conflictos sociales

Huancavelica, Huancayo y Puno son ahora el centro de atención por los conflictos que se han generado. Antes estuvieron en el centro de la atención Arequipa, Moquegua, Bagua y tantas otras ciudades. A la fecha, la Defensoría del Pueblo estima que están vigentes más de 200 conflictos y muchos de ellos tienen que ver con la ausencia de una real autoridad ambiental y con la incompleta descentralización. En regímenes políticos más institucionalizados los conflictos se enfrentan con la misma política de subsidiariedad con la que el Estado asigna las competencias. ¿Quién debería autorizar los permisos de exploración minera? El Gobierno Nacional que está lejísimo de Tambogrande, Río Blanco o el Cerro Quilish, o los gobiernos regionales. Es mi opinión que es urgente que los gobiernos regionales reciban las competencias suficientes para enfrentar los conflictos de carácter regional y que los gobiernos provinciales estén en posibilidad de manejar estas situaciones con mucho más sentido de oportunidad y con más visión de planificación territorial.

Asimismo, la necesidad de enfrentar los conflictos con éxito requiere la existencia de reales autoridades ambientales y sociales en los gobiernos regionales y en Lima, de un lado, y –al propio tiempo- del fortalecimiento del Ministerio del Medio Ambiente con mayores competencias. La aprobación de los estudios de impacto ambiental y social, el manejo de los pasivos ambientales y el control de los límites máximos permitidos de emisiones debe estar para los proyectos de escala regional y local en el nivel descentralizado. Del mismo modo, estas competencias para los proyectos nacionales deberían pasar de las direcciones regionales sectoriales ambientales al Ministerio del Medio Ambiente. Hoy día, el director general ambiental de transportes o minería, es un funcionario que depende de un Ministro más interesado en apurar el proyecto que en salvaguardar el equilibrio de la justicia ambiental. Las comunidades perciben que están desamparadas y que la única manera de compensar las políticas de promoción de las actividades extractivas que se implementan desde arriba y desde el centro del poder, es la movilización. Fortalecer las autoridades ambientales restablecerá la confianza, institucionalizará los conflictos y mejorará la paz. Finalmente, un Congreso más dialogante, técnico, y menos capturado por los intereses creados o motivado por medidas efectistas para ganar puntos políticos, ayudará mucho. El actual Congreso debió aprobar hace siglos la Ley de Consulta de las comunidades amazónicas y, por supuesto, pensar en apoyar la calidad de la Universidad de Huancavelica y los recursos que necesita antes de crear una nueva universidad desfinanciada en la provincia de Tayacaja. El Congreso entrante no puede ser peor y en él se jugará mucho de la gobernabilidad de los próximos cinco años.