El Contralor sí tiene quien lo fiscalice

Columnistas | 13-09-2011 | Rene Gastelumendi

El Contralor sí tiene quien lo fiscalice

Enrique Arias es un exmiembro del Partido Nacionalista Peruano -no del Partido Aprista- que hace más de cuatro años fundó una ONG a la que llamó “Valores contra la Corrupción”. Un buen día, a inicios del 2011, como muchos de los hilos de madeja que llegan a los medios periodísticos para ser investigados, recibió un correo electrónico que daba cuenta de supuestas irregularidades cometidas dentro de la Contraloría General de la República -nada menos que el ente fiscalizador por antonomasia de nuestro país-. El día 27 de agosto pasado, una semana antes de que Fuad Khoury, el actual Contralor, anuncie a los cuatro vientos que más de diez mil empleados públicos podrían estar comprometidos en actos de corrupción, el señor Arias presentó dos denuncias constitucionales ante el Congreso de la República haciendo uso de sus derechos como ciudadano y cumpliendo el objetivo de la institución que dirige. La primera de ellas corresponde a la supuesta contratación irregular de un exempleado de la contraloría, el señor Ángel Parodi Zevallos. Arias se pasó cinco meses solicitando información acerca de este tema puntual. En un primer momento, la Contraloría le respondió con un cuadro detalle de su personal en el que se indicaba que el señor Parodi había sido designado, desde el diez de febrero del 2010, como asesor en motivación de la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano de la referida entidad. Sin embargo, no satisfecho con la respuesta, Arias solicitó luego que la Contraloría precise la forma en la que Parodi fue contratado. Fue entonces cuando la Contraloría le hizo llegar una resolución firmada por el propio Contralor en la que se invocaba una norma solo aplicable a funcionarios y directivos para contratar a dedo al empleado en cuestión, como asesor de su despacho y no de la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano, un puesto al que muchos peruanos quisieran postular, sobre todo si el sueldo asciende a 10,400 soles mensuales. El punto es que el señor Parodi nunca fue nombrado ni como funcionario ni directivo. El propio contralor, en su descargo, admitió ante cámaras que el señor Parodi, conocido suyo, era un empleado de confianza. De acuerdo a las claras distinciones que hace la Ley Marco del Empleo Público, un empleado de confianza no es ni funcionario ni directivo. Además de esto, el señor Parodi consignó, en una declaración jurada, que era Bachiller en Derecho de la Universidad Católica cuando no lo era, sorprendiendo a la institución que lo contrata y postergando, repito, a cientos de peruanos mejor calificados académicamente que bien podrían haber postulado al puesto que en realidad ocupó: el de asesor en motivación en la Gerencia de Gestión y Desarrollo Humano, no del despacho del Contralor. En consecuencia, el Estado Peruano le terminó pagando más de 166,000 soles de todos los contribuyentes. Un cargo tan delicado como el del Contralor General de la República no puede cometer este tipo de faltas que, por la naturaleza de su función, fiscaliza en otras entidades. Si su trabajo es mirar la paja en el ojo ajeno, tiene que dar el ejemplo. El “error” ha significado para el Contralor una denuncia constitucional en un momento, sin duda, inoportuno. Pero eso no le incumbe al denunciante. A esto, por cierto, se le agrega otra denuncia constitucional por consignar un domicilio inexacto en una declaración jurada a la Municipalidad de Ate con fines matrimoniales. Peligroso.