A pesar de las cifras macroeconómicas favorables, de acuerdo a un informe del PNUD publicado la semana pasada, somos el segundo país más pobre de Latinoamérica. Solo nos supera, en este ranking, como en los viejos tiempos, el consuelo boliviano. La contradicción entre un crecimiento económico que en los últimos años ha liderado la región y una pobreza también ubicada en los primeros puestos, se explica gracias a una nueva medida aplicada por las Naciones Unidas: el índice de pobreza multidimensional (IPM). Este analiza el verdadero acceso a la salud, a la educación, a los servicios básicos, e introduce también el importante factor medioambiental como parámetros de bienestar. Esto nos aterriza a una cruda realidad de una sola cachetada: el 19.9 por ciento de los peruanos, uno de cada cinco, es pobre multidimensional.
No tenemos que irnos a una provincia andina o amazónica para notarlo. Los ejemplos sobran alrededor mío en el “democrático” Chorrillos. Allí, abajo, está el portero del edificio en el que vivo, la “nana”, felizmente no vestida de blanco, jugando en el parque con la hijita de mi vecina y los taxistas que a veces tomo en la esquina. Ellos y sus familias tienen que atender sus problemas de salud en los hospitales del Estado haciendo colas interminables, esperando turnos y camas que nunca llegan. Inmersos en un sistema en el que la mortalidad infantil y la desnutrición siguen acechando. Ellos fueron educados en colegios públicos, son víctimas de la históricamente deplorable educación peruana que no les dio las herramientas suficientes para encontrar trabajos mejores. Ellos, no les queda otra, (salvo a los taxistas mientras trabajan) se movilizan todavía en combis asesinas y, si es que pueden viajar, en buses interprovinciales que siguen matando a sus pares en cantidades industriales en nuestras precarias carreteras.
Cómo podemos hablar de desarrollo si en el país en el que vivimos la salud pública sigue atentando contra la dignidad de una buena parte de peruanos. Si es que la educación pública, tan importante en las sociedades avanzadas y con menos desigualdad, sigue siendo un elemento tremendamente excluyente, un factor que marca la diferencia entre los que tenemos acceso a las oportunidades y aquellos que están sentenciados, casi desde que nacen, a la eterna marginación. Cómo podemos hablar de calidad de vida, de bienestar, si es que los servicios básicos como el agua y la electricidad son aún un lujo inalcanzable para una buena parte de nuestra población. (14.1 % según el estudio). Difícil hablar de progreso si es que persisten y se multiplican impunemente, ya sea por la monstruosa minería informal que nos agobia o por la grosera contaminación que producen los combustibles que utilizamos, los daños a nuestro medio ambiente y territorio.
La atención generada por el análisis de los cien primeros días del gobierno de Ollanta Humala incluyendo, por supuesto, el ruidoso escándalo Chehade, ha hecho pasar casi desapercibido un diagnostico lamentable que nos baja de la nube a la que el señor Alan García se obstinó tanto en subirnos.
Rene
Gastelumendi