El problema del INPE

Columnistas | 16-01-2012 | Rene Gastelumendi

El problema del INPE

Situaciones como la del convicto Antauro Humala recibiendo la visita de su novia, durante su estadía custodiada en un hospital, en plenas festividades de fin de año, o que el asesino holandés Joran Van der Sloot haya tenido celular con internet, televisor y play station en su celda, entre muchísimas otras cosas que ignoramos, se seguirán produciendo. La corrupción y las mafias internas del Inpe se encargarán de poner trabas en el camino a cualquier intento de reforma institucional.

Al convivir en un mismo espacio, en este caso una prisión promedio peruana, los dos actores principales de un sistema penitenciario tan precario como el nuestro, se produce un cóctel letal, explosivo. Por un lado, tenemos a los chicos “buenos”: agentes penitenciarios, empleados públicos seleccionados sin estrictas evaluaciones de por medio, muy mal pagados, con un sueldo que no les alcanza para cubrir su canasta familiar básica (1,200 soles) y sin aumento a la vista, expuestos permanentemente al peligro y al cash mal habido. Por el otro, a los chicos “malos”: delincuentes de todos los pelajes, lo peor de la sociedad en términos criminales, sin ánimo de rehabilitarse en las cárceles sobrepobladas donde purgan condena y con dinero en el bolsillo como producto de sus delitos, dispuestos a pagar altos precios por obtener privilegios. Dos bandos que, por simbiosis, forman uno solo: el de la corrupción generalizada.

Los porteros, celadores, varios miembros del grupo de operaciones especiales, hasta los mismos directores permiten privilegios inmediatos como el tráfico y el consumo de drogas y la posesión de electrodomésticos prohibidos, celdas más grandes y hasta armas de fuego. Comodidades que son vendidas al mejor postor, entre los miles de reclusos con capacidad de compra que custodian día tras día. Demasiada tentación.

Pero el Inpe también tiene, enquistada entre sus puestos medios, una verdadera mafia. Los presidentes se van, ellos se quedan. Estamos hablando, por ejemplo, de los directores regionales (penitenciarios) y de los propios directores de los diversos penales del país (los cuales ganan unos 1,800 soles como máximo), con varias honrosas excepciones que conozco. Esta mafia suele boicotear urgentes licitaciones públicas transparentes, aquellas de las que no pueden sacar tajada y también, por supuesto, conceden permisos indebidos a los presos más poderosos.

De pronto, un hombre muy calificado como el actual (no es la primera vez) llega a la presidencia del monstruo. Quiere cambiar las cosas, combatir a las mafias, sancionar, acatar rigurosamente las normas de ejecución penal. O, de pronto, no vayamos tan arriba, un buen funcionario es promovido al cargo de director de un presidio e intenta cumplir la ley. Entonces, la mafia muestra sus garras. Los internos no solo los amenazan de muerte afectando sus vidas y las de sus familias, les hacen reglaje, además de demandarlos penalmente, empapelándolos con procesos judiciales. Sin embargo, son los agentes y funcionarios penitenciarios corruptos los que golpean más fuerte y a la cabeza: permiten que presos famosos, “emblemáticos”, tengan privilegios indebidos. Luego filtran el dato a la prensa para que después del escándalo se saque del cargo al enemigo reformador que se está metiendo con su presupuesto familiar, financiado por el mercado negro. Un juego perverso. Cinco meses es muy poco tiempo para ver resultados de una gestión; cinco años, apoyo político y bastante más presupuesto, tal vez alcancen. Es necesario hacer una salvedad: en las cárceles peruanas también hay inocentes, presos arrepentidos rehabilitándose y buenos agentes y funcionarios penitenciarios, pero son una minoría.