A la caza del dinero de las reparaciones civiles

Columnistas | 06-02-2012 | Rene Gastelumendi

A la caza del dinero de las reparaciones civiles

Dentro de nuestro sistema jurídico hay un concepto denominado Reparación Civil. Esta no es otra cosa que una especie de indemnización o compensación económica por el daño producido a la sociedad por aquellas personas que cometieron delitos graves, como robarse el dinero del Estado o cometer acciones terroristas. Además de la prisión efectiva con la que se castiga a sus autores, las sentencias también fijaron estos pagos de cumplimiento obligatorio y, como cosas juzgadas, inapelables. En ambos rubros, corrupción y terrorismo, el monto de las reparaciones civiles establecidas en los últimos años, en conjunto, asciende a más de 4,800 millones de soles, según el Ministerio de Justicia. Como vemos, se trata de muchísimo dinero que bien podría ingresar a nuestro siempre necesitado presupuesto nacional.

Desde los casos más conocidos de la llamada mafia “fujimontesinista”, como los mismos Fujimori y Montesinos, y de la cúpula de Sendero Luminoso, como los propios Abimael Guzmán u Osmán Morote, hasta los un tanto olvidados como el del ex juez y operador judicial Alejandro Rodríguez Medrano, dentro del grupo de la corrupción y el del, últimamente tan activo dirigente de Movadef, Alfredo Crespo, dentro del senderismo, entre cientos de otras sentencias; sus protagonistas deben dinero contante y sonante a todos los peruanos. Son millones de soles que no han sido cobrados, insólitamente, ni siquiera en un 1%. Es cierto que las cifras establecidas como reparación civil por el Poder Judicial son, en varios casos, astronómicas, pero también es cierto que las pasadas gestiones presidenciales de Toledo y García han sido inexplicablemente inoperantes en el cobro. No es aceptable, por ejemplo, que Alfredo Crespo haya tenido el descaro, según documentos de la Procuradoría Anticorrupción, de pagar solo 40 soles de los 30,0000 que establece su sentencia, ni que Alejandro Rodríguez Medrano haya pagado solo 45 mil de los 600,000 que se le impuso como deuda, y que sigan disfrutando de los mismos derechos civiles y crediticios que tiene cualquier ciudadano que no ha cometido en su vida delito alguno, y con una hoja récord impecable en las centrales de riesgo, tal como sucede con la mayoría de los sentenciados por corrupción. No ha existido, en las pasadas gestiones presidenciales, una real voluntad política de cobrar estas cuantiosas acreencias.

Pues bien, algo había que hacer y parece que la actual administración del Ministerio de Justicia se ha puesto las pilas y está tratando de poner al mismo nivel que una institución financiera privada a la alicaída capacidad de cobranza del Estado, más allá de la Sunat. Dentro de esta línea, se acaban de publicar dos decretos supremos que tienen como finalidad condicionar la solicitud de beneficios penitenciarios para sentenciados por corrupción al pago previo de la reparación civil y el empoderamiento estructural de las procuradorías especializadas en terrorismo y corrupción. Estas, hasta la semana pasada, no tenían acceso gratuito, por ejemplo, ni a los registros públicos. Asimismo, están en agenda inmediata cuatro proyectos de ley que permitirán tener un registro nacional de deudores de reparaciones civiles, insertar estas acreencias en el sistema financiero privado y retener hasta la tercera parte de los ingresos de estos deudores. De otro lado, se terminará con la prescripción a los diez años de estas obligaciones y, por último, se instaurará la inhabilitación permanente de las personas sentenciadas por corrupción a ocupar cargos públicos. De esta forma, de acuerdo a las proyecciones más optimistas, se espera cobrar hasta el 25% de toda la cuantiosa acreencia estatal hacia el final del actual gobierno. Ver para creer.