Guerra avisada: Los ronderos y licenciados del ejército detrás de los conflictos sociales.

Columnistas | 28-06-2011 | Rene Gastelumendi

Guerra avisada: Los ronderos y licenciados del ejército detrás de los conflictos sociales.

En la convulsionada situación del país, con más de 250 complejos conflictos sociales en el mapa, hay un factor determinante que no está siendo abordado por las autoridades: el peligroso cóctel formado por las decenas de miles de licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú y el más de medio millón de campesinos armados, a nivel nacional, que aún forman parte de los denominados Comités de Autodefensa (CATS), más conocidos como “los ronderos”, abandonados a su suerte. Ambos sectores poblacionales han sido, durante los últimos diez años, peligrosamente relegados por el mismo Estado que alguna vez los captó. Esto ha traído como consecuencia que muchas de estas personas sean, hoy por hoy, la fuerza de choque de los grupos de protesta que reclaman el cumplimiento de las numerosas y comprensibles demandas sociales a lo largo de nuestro territorio, solo que no de la mejor forma, es decir, con el inaceptable uso de la violencia.

En el primer caso, se trata de aquellos peruanos, por lo general de extrema pobreza, que al cumplir los 18 años son reclutados por nuestras fuerzas armadas hasta cumplir los 20. Estos jóvenes ven en el servicio militar una imperdible oportunidad de salir de la miseria, pues saben que van a tener, por ejemplo, raciones de alimento asegurado y, al fin, un sentimiento de pertenencia a algo más allá de sus comunidades. Son ellos la primera fila, la llamada carne de cañón, de nuestras tropas, tanto en los conflictos externos como internos. Durante todo el tiempo que sirven a la patria se les imparte entrenamiento militar especializado, es decir, aprenden a manejar armas, a identificar y tomar los puntos estratégicos del enemigo, como puentes, aeropuertos y carreteras. Con este adiestramiento, por supuesto que preparar y arrojar bombas molotov es un chancay de a veinte.

Tomando en cuenta que un efectivo policial recibe este tipo de entrenamiento por un promedio de seis meses antes de salir a las calles, los licenciados de las Fuerzas Armadas les llevan un año y medio de ventaja de formación en tácticas de combate. El grave problema es que, luego de prestar su servicio militar, el Estado los devuelve “de patitas” a la calle. Estos peruanos, conocedores ya de las artes de la guerra, luego se reencuentran con la miseria de siempre y en muchos casos no les queda otra que volver a los excluidos campos que rodean las ciudades de donde provienen: Bagua, Puno, Huancavelica, Moquegua, Andahuaylas, el propio VRAE. Lo cual, inevitablemente, tiende a convertirse en un profundo resentimiento que, sin duda, ha venido siendo aprovechado por radicales como Antauro Humala, probado amigo del dirigente Walter Aduviri. Pero, también, por el narcotráfico. Estamos hablando de más de dos mil licenciados que las FFAA dan de baja cada año.

En el segundo caso, el de los ronderos, (repetimos, más de medio millón, a nivel nacional), muchos de ellos analfabetos, ha ocurrido algo igual de alarmante. En gran parte de los lamentables desmanes, con cuantiosas pérdidas materiales y humanas, producidos en los últimos años, se han encontrado restos de cartuchos de perdigones calibre doce, pertenecientes a las escopetas Winchester, esas que el Estado peruano, desde el primer gobierno de Alan García, proporcionó gratuitamente a las organizaciones de campesinos que, por sobrevivencia, decidieron apoyar a las fuerzas del orden en su lucha contra Sendero. Una vez acabada la guerra contra el terrorismo en la mayor parte del país, el mismo estado que alguna vez los adiestró para matar, se desentendió por completo de estos compatriotas aún armados. Las autoridades no tienen registros adecuados de las personas que forman parte de estos dos importantes bolsones poblacionales, mucho menos de las armas que todavía poseen. Ya no se tiene control sobre ellos y, lo peor de todo, es que son fácilmente manipulables.