La minería se ha convertido en un problema permanente de la vida nacional, debido a la desconfianza ciudadana en las empresas mineras, consumiendo energías que la sociedad podría canalizar en otras tareas. Nuestro desafío hoy no es solucionar únicamente el proyecto Conga, sino buscar un acuerdo nacional que defina: a) los parámetros que deban utilizarse para que las necesidades básicas humanas puedan coexistir con la minería y/o la agricultura o cualquier otra actividad productiva. b) la protección del medio ambiente. c) el mayor beneficio al país y a las comunidades. d) contratos transparentes que incluyan los compromisos. e) mecanismos que garanticen el cumplimiento de los contratos y f) el tipo de institución que los supervise.
Se requiere, al margen de influencias ideológicas, eliminar la desconfianza de la población en las empresas mineras, especialmente en las localidades afectadas, garantizando el respeto a su cultura, la protección ecológica, los beneficios a su comunidad y la transparencia en el cumplimiento de los contratos mineros.
En relación a Conga: observamos que la población no tiene acceso al estudio de impacto ambiental aprobado por un funcionario del gobierno anterior, que trabajó en la empresa cuya propiedad es de un conocido simpatizante aprista. No sabemos cuánto recibió el Estado por una mina cuyo valor es más de 10 mil millones de dólares.
Pareciera normal que los cajamarquinos desconfíen de un Ministro de Energía y Minas que viaja en el avión de la minera y adelanta opinión positiva sobre el estudio ambiental, incumpliendo la promesa pública del Presidente Humala de reevaluarlo independientemente para asegurar el agua para la población. Para evitar los conflictos de interés, los estudios de impacto ambiental así como la Autoridad Nacional del Agua deben ser responsabilidad del Ministerio del Ambiente.
Porque son los sistemas hidrológicos y no los reservorios de agua los que preocupan. ¿Cuántos m3 de agua produce el sistema hídrico de las lagunas y cuánto utilizara anualmente la mina? ¿Por qué se construyen botaderos de mineral sobre 3 lagunas? Pareciera que el impacto ambiental considerado por la empresa no cubre la totalidad de las subcuencas afectadas. La utilización de tecnología a tajo abierto obliga a preguntar ¿cómo se garantizarán los recursos para los movimientos de tierras y el restablecimiento de los sistemas de agua al final de la explotación?
Hablamos de 4,600 millones de inversión, pero pareciera que la minería utiliza casi un 70% en maquinaria e ingeniería comprada al exterior, por lo que el neto de inversión gastado en el país sería mucho menor. Sería bueno conocer la distribución de esta inversión para saber su impacto real en el país.
Es bueno aclarar que el canon no es un impuesto adicional a la minería, sino una decisión del Gobierno de compartir con los Gobiernos descentralizados el 50% del impuesto a la renta que pagan las mineras por las utilidades que generan, como lo hacen todas las empresas del país. En cambio, la regalía es lo adicional que pagan las empresas mineras por explotar recursos que no son renovables y que nos pertenecen a todos. Debiera publicarse el contrato firmado por García con Newmont/Yanacocha, y que según el Gobierno debe respetarse. El país debe saber si se le otorgó estabilidad tributaria, cuánto pagara por regalías, si podrá venderla fuera del país y cómo garantizará el pago de la remediación ambiental. La empresa minera podría establecer una póliza de seguros que garantice el cumplimiento de sus obligaciones.
Finalmente, para dar confianza a la población será necesario definir la institución del Estado que garantizará el cumplimiento del contrato. Podría crearse para esta tarea una Comisión independiente del Ejecutivo, compuesta por funcionarios de alto nivel de la Contraloría de la República, Defensoría del Pueblo y Poder Judicial, y cuyo responsable sea nombrado por el Congreso.
Luis
Thais