Los hechos ocurridos la semana pasada nos obligan a reflexionar. El tema mayor han sido las protestas en Cajamarca y aunque con idas y vueltas debemos reconocer que el Gobierno ha cumplido con la población postergando la iniciación del proyecto Conga, abriendo oportunidades para definir mejor el estudio de impacto ambiental y permitirle a la empresa minera replantear su proyecto, a fin de utilizar mejores tecnologías que resuelvan los problemas que lo enfrentan a la población. Igualmente, permite elaborar el plan de desarrollo para Cajamarca, que resuelva los problemas de necesidades básicas de la población, de infraestructura social, procurando proyectos de inversión que generen valor agregado y provean empleo para el desarrollo de Cajamarca, aun cuando la minería desaparezca. Los recursos para financiar este plan deben ser aportados por las mineras que operan allí, el Gobierno Regional, los municipios y el Gobierno central, dando un ejemplo para otros proyectos mineros en el país. No hay duda de que la empresa Newmont puede invertir en Nevada, es su potestad, pero estoy seguro de que muchas otras empresas estarían dispuestas a reemplazarla en Cajamarca.
El Gobierno está esperando negociar con los líderes del paro para iniciar esta tarea que, a mi manera de ver, debe iniciarse independientemente de las negociaciones con la población, ya que la forma final que el proyecto tome para respetar plenamente el medio ambiente corresponde al Gobierno y a la minera. Otra cosa es cómo se utilizan los beneficios que la minería produzca y aun aquí el Gobierno central con los gobiernos subnacionales deben planificar el desarrollo de la región, en el marco de la perspectiva nacional del desarrollo, porque Cajamarca es una parte del Perú. Pero al existir condiciones subjetivas que responden a las ideologías que profesan los actuales líderes sociales y que son distintas al sentir nacional, debemos requerirles que practiquen igualmente los valores democráticos que el Gobierno está utilizando. Por ello el Gobierno, en conjunto con las autoridades elegidas de Cajamarca, debe realizar audiencias públicas con las comunidades campesinas, a fin de intercambiar opiniones sobre cómo lograr el cambio de vida para un mejor futuro que estas comunidades requieren, respetando sus valores y su cultura.
También el reclamo de Andahuaylas y Chincheros ha sido resuelto en términos de realizar una zonificación donde la minería pueda actuar sin atropellar el medio Ambiente. Esta también ha sido una buena decisión y creemos que el Ministerio del Ambiente debiera de inmediato realizar los estudios para resolver este tema, cuanto antes. En el caso de Cañete debemos censurar a estos líderes sociales que muchas veces están conectados con el tráfico de tierras. Sin embargo, quizás un incentivo adicional para luchar contra la delincuencia podría ser construir penales en zonas alejadas de selva. La lección de todo esto es que el Gobierno deberá trabajar más intensamente en coordinar sus acciones y que los Ministerios deben mejorar notablemente sus reflejos políticos y el gerenciamiento de sus carteras. La reacción de los empresarios frente a estos hechos, y que coincidió con la realización de su reunión anual, ha reducido los avances logrados en la generación de confianza. El Ejecutivo debiera reunirlos y explicarles que lo ocurrido en la minería aclara las reglas del juego y que se tomarán medidas concretas para explicarlo tanto en el país como en el extranjero.
Finalmente, todo esto ocurre en medio de una anunciada crisis económica internacional que tendrá influencias negativas, por lo cual el Gobierno debería coordinar con todas las fuerzas políticas, a fin de establecer un plan anticrisis que, además de consensuar las políticas económicas necesarias, establezca una acción de promoción y de facilitación a los inversores nacionales e internacionales para establecerse exitosamente en nuestro país.
Luis
Thais