La semana pasada fui testigo de la discusión política que existe en Chile sobre varios temas que interesan a nuestro país y que constituyen avances en el proceso de modernización y defensa de sus ciudadanos que sigue nuestro vecino del Sur.
Quizá el más importante sea el acuerdo político entre el partido Renovación Nacional (Partido del Presidente de la República) y la Democracia Cristiana (Partido de la Oposición) para buscar el cambio del sistema binominal de elección para diputados y senadores que profundice la democracia chilena al dar mayoría a los partidos que tengan mayor votación, y la creación de un sistema de gobierno parlamentario que contaría con un Presidente como Jefe de Estado y un Primer Ministro elegido por el Congreso como Jefe de Gobierno, colocando al país en la avanzada de la nueva institucionalidad política de Latinoamérica. Lo curioso es que esta posición asumida por el partido del presidente Piñera no es compartida por este ni por sus aliados políticos de la derecha chilena.
No está claro aún si el sistema tendría un Presidente con mayor rol de gobierno, como en Francia, o un rol más pasivo como en la democracia española, alemana o israelita. Lo importante es que, con este sistema, los miembros de los partidos políticos tendrían mayor movilidad, se evitaría el caudillismo y obligaría a los líderes políticos a participar en el Congreso y, por lo tanto, a confrontar sus posiciones sobre los problemas nacionales, y no como ahora, cada cinco años, solo cuando se realizan elecciones. Se democratizan las elecciones al interior de los partidos y se establecen primarias entre los miembros de un mismo partido para ganar el derecho a ser nominados a un cargo de elección. Resulta penoso observar que, entretanto, nuestro Congreso se dedica a debatir la honorabilidad de sus miembros y a transformarse en un apéndice del Ejecutivo.
En la misma semana los ciudadanos chilenos fueron informados de que el país había recaudado mil millones de dólares adicionales por concepto de royalties mineros. Estos mayores impuestos que la minería paga en Chile y que no se cargan a gastos de la empresa -como ocurre en nuestro país debido a la pobre negociación que realizó el gobierno del Presidente Humala- no ha impedido que la inversión en minería siga fluyendo a Chile, como predicen los defensores de no cambiar las políticas de inversiones que creara Fujimori en un contexto internacional donde el Perú era un paria después del desastroso primer gobierno de Alan García. Hoy, el Perú puede y debe modificar sus políticas de inversiones para favorecer mucho más a sus ciudadanos.
La tercera noticia fue que el sistema judicial chileno aplicó una multa de más de 20 millones de dólares a tres cadenas farmacéuticas por coludirse en concertar precios, aumentándolos hasta en más del 100%. Como este tipo de situaciones se da en diversos sectores del consumo ciudadano, el Congreso de Chile discute una ley para que, además de las multas, se aplique pena de cárcel a los directivos de estas tres farmacéuticas que también operan en nuestro país y de cualquier otra empresa que realice las mismas prácticas. Como observamos, existe una Superintendencia de Defensa del Consumidor que protege a sus ciudadanos de la avaricia de empresarios inescrupulosos que abusan de la población.
En este mismo contexto se aprobó una norma para reducir en casi 35% el monto de comisiones que cobra la más barata de las asociaciones de fondos de pensiones. Yo me pregunto: ¿y nuestra Superintendencia de Banca y Seguros? Sigue protegiendo a las posiciones dominantes y no a la ciudadanía.
Finalmente, el Ministerio de la Mujer en Chile ha enviado al Congreso una norma para que las empresas que tengan más de 20 trabajadores -sean hombres o mujeres- estén obligadas a establecer una guardería infantil para los hijos de los trabajadores. ¿Y nuestra Ministra de la Mujer o de Inclusión Social? Bien, gracias.
Luis
Thais