LA MEGACOMISIÓN

Columnistas | 27-02-2012 | Luis Thais

La tarea encargada a esta comisión del Congreso que nació con tantas dificultades debe ser considerada como norma para cualquier gobierno, y nadie debe considerar sus funciones como una persecución política. Institucionalizar este tipo de comisiones y de tareas es parte del proceso democrático y todo gobierno que concluye sus funciones debe saber que deberá pasar el examen de esta comisión. En el pasado esto ha funcionado para el gobierno de Toledo y hoy para García. Nadie debe molestarse ni sentirse perseguido porque una comisión de representantes del pueblo investigue su actuación pública. Eso es lo democrático y lo transparente.

En el caso del gobierno aprista existen varios indicios de corrupción que, no dudo, serán debidamente investigados. Desde las acciones de Velásquez Quesquén en La Libertad con el involucramiento de su secretaria en unos manejos judiciales poco transparentes, pasando por EsSalud, la reconstrucción de los colegios emblemáticos, la reconstrucción del Sur, el tren eléctrico, los ingentes recursos adicionales otorgados a la Interoceánica, los arbitrajes que siempre ha perdido el gobierno en el ministerio de Vivienda y el de Transportes, las negociaciones en la suite del Sr. Canaan que comprendieron al Primer Ministro, Ministro de Salud, de Vivienda y otros y que hoy observamos que no fueron solo negociaciones sino que se realizaron varias obras. La liberación de Crousillat con la participación del entonces ministro de Justicia y el operativo policial en Bagua son temas importantes también, que debieran tratarse.

Sin embargo, el tema de la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga con la firma de un asesor del ministro de Energía en lugar de la del Director nacional, como manda la ley, da mucho que pensar sobre la legitimidad de esta aprobación y que este gobierno considera fundamental para continuar con el proyecto en la forma en que está diseñado. Sería bueno revisar la aprobación de los últimos estudios de impacto ambiental realizados por el Ministerio de Energía y Minas, así como los procesos en los que se han aprobado nuevas concesiones mineras y energéticas.

Otro tema importante es la aprobación por parte de Proinversión y del Ministerio de Vivienda de la planta de tratamiento de La Taboada, que fue adjudicado a una empresa española cuya propuesta no cumplía los requisitos de la licitación, y que fue objeto de una objeción por parte del Consorcio de Odebrecht con la empresa Keppel-Seghers de Singapur.

Como observamos, hay muchos temas que esta comisión debiera de aclarar para que el pueblo peruano quede convencido de que no ha habido corrupción por parte del gobierno de Alan García y este pueda volver a ser candidato, como parece pretender. Este examen de probidad frente a los representantes del pueblo resulta hoy en día mandatorio para que no suceda lo de la elección pasada, cuando se refugió en la prescripción de los delitos.