CADE PENDIENTE

Columnistas | 15-11-2010 | Ernesto De La Jara

Una de las preguntas que más deberían discutir los empresarios es, ¿cómo compatibilizar los derechos de determinadas poblaciones – especialmente comunidades indígenas - con los vinculados a la explotación de recursos naturales? La falta de respuesta seguirá siendo fuente de conflictos, inversiones detenidas, condiciones culturales y ambientales en peligro.

El solo hecho de plantear la necesidad de “compatibilizar” significa descartar las posiciones ultras, de uno y otro lado, que creen que no hay nada que compatibilizar.

Esta bien que las poblaciones no solo defiendan los derechos que tienen a partir de la explotación de recursos que quedan en sus tierras o cerca, y que quieran beneficiarse económicamente al máximo. ¿O acaso quienes invierten lo hacen por amor al arte?

Pero la garantía que el país les debe exigir es la disposición y capacidad para poder diferenciar caso por caso. Nadie podría negar que las cosas han cambiado. Ahora, así como hay proyectos ilegales, inconvenientes y abusivos, otros pueden no serlo, y servir para que dichas poblaciones decidan qué hacer con sus vidas, limitadas por su estado de pobreza.

Del lado de los empresarios, tienen que partir reconociendo algo elemental: dicha pobloaciones también tiene derechos a la vida, la propiedad, a la protesta, condiciones ambientales y un largo etc.

Y sí, hay una mayor conciencia de derechos, algo positivo, porque efectivamente es una traba para abusos, y obliga al diálogo. Como también hay más estándares internacionales para la explotación de recursos naturales, que conviene cumplir.

Las empresas deben asumir también que la mayoría de los reclamos son reales y no producto de manipulaciones; que muchas de ellas han hechos méritos para la desconfianza; que debería haber mayor transparencia y debate sobre inversión, ganancias e impuestos; que hay lugares en los que no cabe ningún tipo de explotación y punto.

Los buenos empresarios debeían poder demostrar – con hechos y no solo avisos – que ellos no actúan violando la ley, haciendo movidas bajo la mesa, comprando dirigentes y periodistas y persiguiendo a personas e instituciones que hacen algo que no tiene nada de malo: disminuir el desequilibrio que hay entre la empresa y un Estado sin capacidad o voluntad de fiscalizar, de un lado, y la comunidad local del otro.

Determinados empresarios podrían ver esta situación como una oportunidad de reivindicarse con el país, a través de una distribución más justa de recursos, ya que muchos de ellos podrían ser premiados por hacer empresa, pero ¿cuántos por hacer país?

La lectura de El sueño del celta, de Vargas Llosa debería servir para recordarnos – salvando la enorme distancia entre el Congo, en época del caucho, con nuestra, aunque con algunas similitudes – el cuidado que hay que tener con la codicia.