Columnistas | 05-09-2011 | Ernesto De La Jara
Las criticadas declaraciones del Ministro de Defensa, Daniel Mora, constituyen el típico discurso antiderechos humanos que muchos civiles y militares han venido sosteniendo desde los ochenta, pero especialmente en los tiempos de Fujimori y Montesinos. Un discurso frente al que los sectores democráticos del país vienen levantando las mismas respuestas, una y otra vez. Para Mora, la premisa básica es que en el Perú la violación de derechos humanos “no fue sistemática” sino –contrario sensu - excesos cometidos por malos elementos. ¿Solo excesos, con violaciones de derechos humanos durante 20 años, con más de 8000 desaparecidos, leyes de amnistía, grupos paramilitares, impunidad?
Para él debe haber un” punto final” en los juicios contra los militares, alegando que no puede haber procesos eternos por actos cometidos hace mucho tiempo atrás. Con estas palabras, lo que se está diciendo en realidad es que hay una persecución injusta contra los militares, quienes nos salvaron del terrorismo, a los que -en nombre de la reconciliación- hay que dejar tranquilos, sin importar lo que hayan hecho (impunidad).
Es cierto que no dijo “ley de punto final”, pero es imposible no asociar la expresión a la ley de amnistía que años atrás se dio en Argentina, y que luego fue declarada nula, por ser, precisamente, sinónimo de impunidad.
¿Persecución? No hay cifras oficiales sobre militares con órdenes de detención, presos y condenados, pese a lo importante que sería. El IDL ha solicitado infructuosamente a varias instituciones esas cifras, pidiendo además que se precise quiénes serían los inocentes o estarían innecesariamente presos, a fin de abrir la posibilidad de defenderlos (reiteramos públicamente esta petición).
Sin embargo, de lo que se sabe, son muy pocos los miembros de las Fuerzas Armadas que están en la cárcel o condenados, y por el contrario, nada o poco se ha avanzado en la mayoría de los casos. Hay, por ejemplo, unos 800 de violación sexual ya identificados, pero solo 4 han pasado a la primera etapa de investigación judicial
Tampoco es cierto que solo se persiga a los militares y no les haya pasado nada a los terroristas. El hecho objetivo es que la gran mayoría de los integrantes de SL y del MRTA están condenados, presos o muertos.
Siempre hay que recordar que los están siendo acusados no son los militares que valientemente combatieron al terrorismo sino los que asesinaron, violaron, desaparecieron personas, etc. A estas alturas, las FF.AA. deberían hacer un deslinde institucional, permitiendo y ayudando a que los que cometieron estos crímenes respondan ante la justicia.
Frente al mismo punto, Mora parece desconocer que no hay acuerdo posible en torno a violaciones de derechos humanos, ya que jurídicamente constituyen delitos jurídicamente imprescriptibles e imperdonables.
El Ministro de Defensa se pregunta por qué dar indemnizaciones a las víctimas de un solo lado. La premisa que subyace a esta afirmación es que solo hay preocupación por los terroristas y no por nuestros militares, algo que también es falso.
Se han dado algunas indemnizaciones por mandato de la Corte Interamericana a víctimas que de manera evidente sufrieron violaciones de derechos humanos, sin que se haya entrado a dilucidar si son culpables o inocentes, ya que esto no le compete a la Corte. Pero el hecho no justifica que, efectivamente, un sinnúmero de víctimas militares y policiales (personas mutiladas, viudas, etc.), estén en una situación de abandono total. Ahora, ¿por culpa de quién? De los gobiernos, a los que toca atenderlos, sin que para ello se necesite de una ley o sentencia; ojalá que el actual cumpla con lo que es un deber y un derecho.
Daniel Mora señala también que debe abandonarse la concepción de la “autoría mediata”, reservando la responsabilidad penal solo para los que dispararon directamente. Una afirmación sumamente peligrosa en todo sentido, comenzando porque beneficia directamente a Antauro Humala, Fujimori, Montesinos y al mismo Abimael Guzmán. Tampoco es cierto que mediante la aplicación de dicha figura se pueda acusar a cualquiera, ya que para que se aplique tiene que demostrarse la confluencia de varios elementos.
Es positivo que el Ministro de Defensa haya sacado un comunicado de rectificación, aunque no se pueda descartar que se trate de una manera de salvarse ante la respuesta inmediata generada en su contra. Lo que haga en adelante es lo fundamental.
La reacción ciudadana en defensa de los derechos humanos es el lado positivo de la situación. Tan solo unos años atrás era inimaginable. No obstante, no se ha escuchado, lamentablemente, ni una sola palabra en esa dirección de sectores como el de los empresarios, muchos de los medios de comunicación, el Arzobispo de Lima, sectores democráticos entre los miembros de las fuerzas armadas en retiro, etc.
Pero hay un silencio más que no debe pasar desapercibido: el del Presidente de la Republica. Está muy bien que Daniel Abugattás, Presidente del Congreso, haya dicho con razón que las afirmaciones de Mora parecen las de Rafael Rey. También lo es el que la orden de arriba debe haber sido determinante para que a Mora no le quede otro camino que la rectificación.
Sin embargo, es especialmente importante un pronunciamiento explícito a nivel presidencial, por varias razones:1) Avalar mínimamente las declaraciones de Mora sí sería incumplir con el juramento que hizo, ya que en él promete respetar las investigaciones en temas de derechos humanos sin ningún tipo de injerencia política. 2) El Presidente, al ser un militar en retiro, debe ser ejemplo de un cambio de mentalidad en las Fuerzas Armadas frente a los derechos humanos. 3) La aplicación de las ideas de Mora, beneficiaría arbitrariamente a su hermano, algo que sería gravísimo. 4) Su línea en derechos humanos debe ser impecable, ya que si bien ha sido absuelto de las acusaciones de Madre Mía, ellas siguen en el debate público.
Ernesto
De La Jara