La información que acaba de proporcionar el Presidente del Congreso sobre 11 congresistas investigados por el sistema de justicia es una oportunidad para que todos colaboremos en la lucha contra la corrupción. Son los medios de comunicación los primeros que están obligados a hacerlo. Les toca que informen e investiguen, pero sin olvidarse de que, por aplicación del principio de la presunción de inocencia, hasta ahora no se puede hablar de culpables.
Más todavía si se trata de casos que están en diferentes etapas (no es lo mismo estar en una etapa de investigación fiscal preliminar que haber pasado ya a juicio oral) y que responden a delitos de muy distinta gravedad (desde la difamación hasta el lavado de activos). Ni benevolencia ni crucifixión antes de tiempo. Los medios deben evitar también lo que ya se ha convertido en un deporte nacional: la politización de la “información”.
Es igualmente una oportunidad para que el Poder Judicial continúe subiendo su nivel de aprobación (una tendencia histórica por revertir lo que venía sucediendo desde hace muchos años) y para que también ganen puntos ámbitos como el Ministerio Público o los flamantes procuradores (los abogados del Estado). Dependerá de si queda clara una actuación absolutamente independiente, sin ningún tipo de injerencia política o económica. El respeto de las garantías del debido proceso debe estar siempre por encima de la presión de una opinión pública que está “indignada”, con razón.
Varias de las acusaciones son por corrupción de funcionarios. Y este tipo de delito es, precisamente, el único al que ya se le viene aplicando en Lima el nuevo Código Procesal Penal. Podremos ver, así, cómo funciona el nuevo sistema acusatorio La actuación de los estudios de abogados tampoco debe pasar desapercibida. Tienen el derecho a defender el caso que les venga en gana, pero evitando prácticas indebidas, como la presentación de medios probatorios con el único fin de que los procesos no avancen o la utilización de contactos judiciales previamente establecidos.
El Congreso debe actuar también con total independencia. Sería un muy mal punto de partida si se demostrara que, de la lista que envió el Ministerio Público, se sacaron los nombres de dos congresistas de Gana Perú, o si se incluyó a Bruce por motivaciones políticas, como él viene sosteniendo. Frente a la aplicación de la inmunidad parlamentaria puede marcarse un antes y un después. Hasta ahora viene siendo un mecanismo de impunidad en los casos graves; ahora es la oportunidad para aplicarla bien, sin ningún tipo de enemistades o amiguismos políticos y, menos, del clásico espíritu de cuerpo congresal.
Por tratarse de hechos pasados y claramente ajenos a la función parlamentaria, la tendencia debe ser al levantamiento de dicha inmunidad, pero siempre y cuando el pedido de la justicia venga con indicios suficientes. Este equilibrio también lo deben cumplir los partidos políticos. Ni intentar lavarse las manos, echando al involucrado sin prueba alguna, ni una defensa incondicional. Y cuidado con los pactos políticos a cambio de favores.
La sociedad civil tiene el derecho y el deber de cumplir un papel muy importante. El que haya quienes desde fuera del sistema político fiscalicen la marcha de los casos es siempre una garantía. Ahora, también tienen la misma obligación que los demás y con mayor razón: independencia (acá, por ejemplo, no puede funcionar el antifujimorismo, justificado en otros ámbitos)
Miremos también la actuación de los involucrados. No nos dejemos engañar por las apariencias, en uno u otro sentido. Aprendamos a tener una opinión propia en base a la información que nos parezca más objetiva.
Dos temas vinculados, pendientes de abordar: 1) Ante la corrupción generalizada, ya es hora de que comience a funcionar el tantas veces anunciado sistema institucional contra la corrupción, el mismo que debe ser totalmente autónomo del poder político, lo que requiere una inevitable reforma constitucional que se debe hacer. 2) Busquemos que los partidos paguen cada vez que se demuestre que nos han metido a un delincuente en una de nuestras instituciones A estas alturas, las declaraciones tipo ‘fuimos sorprendidos’ suenan a complicidad.
Ernesto
De La Jara