DE BOMBA EN BOMBA

Columnistas | 24-10-2011 | Ernesto De La Jara

DE BOMBA EN BOMBA

La revelación que hizo IDL- Reporteros sobre la reunión del vicepresidente Chehade, en relación a un desalojo irregular en la empresa Andahuasi, ha sido una bomba por su gravedad innegable. Y es una mala señal que la reacción oficial haya sido que se limitará a esperar lo que diga el Ministerio Publico. Al margen de la justicia penal, la que puede tardar años, ya hay indicios suficientes como para disponer su alejamiento del gobierno.

IDL demuestra una vez más que era cierto cuando dijo que el apoyo a Humala era solo hasta el 5 de junio, fecha a partir de la cual retomaría su habitual papel fiscalizador. Estallada la bomba-Chehade, ella fue cubierta tanto por quienes lamentan que tan pronto representantes del Gobierno estén incurriendo en este tipo de actos, como por quienes la aplauden porque creen que así se irá demostrando que mejor hubiera sido Fujimori.

Pero hay otras bombas de IDL-Reporteros que casi nadie cubre. Nos referimos concretamente a su investigación sobre empresas pesqueras. Se detectó que un grupo de ellas estaba logrando que la cantidad de anchoveta pesada en sus balanzas fuera significativamente menor a la realmente pescada. De esta manera estaban ganando mucho más plata, pero de manera ilícita y a costa del Estado y de los pescadores.

¿De qué cantidades se da cuenta en el reportaje? De una diferencia entre lo pescado y pesado de 300 mil toneladas, valorizadas en 100 millones de dólares en harina. Frente a esa cantidad, el Estado pierde ingresos significativos ya que no puede recaudar por derechos de pesca (600,00 dólares), cobrar impuestos y menos controlar si hay sobrepesca. Y los pescadores dejan de recibir 3 millones 695 mil dólares.

IDL-Reporteros llega a estas cantidades revisando –luego de burlar todo tipo de obstáculos- los registros de pesca, declarada y pesada, de la segunda temporada de pesca de 2009 y de las dos temporadas de 2010. Unos registros que se llevan, precisamente, para cumplir con el programa de vigilancia de desembarques que administra el Ministerio de la Producción.

¿Qué se descubrió? “Que más del 50% de los desembarques (o descargas de lo pescado) en los puertos del norte y centro del país, donde se descarga el 90% de la anchoveta capturada en el Perú, tuvieron discrepancias de más del 10% entre la pesca declarada y la pesada en las balanzas”.

Y no solo eso, sino que “el 27% del total de desembarques registra discrepancias de 20% para arriba”…. además de casos “en los que la diferencia llega al 50%.” Es así como se llega a las cifras mencionadas: una pequeña diferencia de 300,000 toneladas entre lo pescado y lo pesado, valorizadas en la friolera de 100 millones de dólares.

Lo que pasa es que el sistema de vigilancia de los desembarques de anchoveta “está plagado de conflictos de intereses”. Si hasta parece un chiste: “las mismas empresas que inspeccionan las descargas, Cerper y SGS, son pagadas directamente por las plantas que son supervisadas. Ante la protesta de los pescadores se hizo una auditoría. Y lo que descubren los auditores es una trafaza: de 16 balanzas de tolva examinadas, encontraron que el 31% de ellas tenía “problemas serios”.

Se hizo también un listado de irregularidades que solo pueden haber sido provocadas con premeditación y alevosía, como “cambios ilegales en las claves de acceso a los tableros que controlan el pesaje”. En pocas palabras: adulteración de las balanzas.

Todo esto ocurre en el ámbito de una actividad que hoy goza de una rentabilidad que supera el 50 %. Y no es cierto que la situación sea incontrolable, si tomamos en cuenta otro dato que aporta IDL-Reporteros: solo media docena de empresas concentran más del más del 60% de la producción.

¿Por qué se le ha dado tan poca importancia a una investigación tan importante y contundente? Parece que estamos ante empresas que no solo pueden manipular balanzas e inspectores sino también autoridades, medios y periodistas.