Hace poco una alta autoridad de este gobierno recibió a una delegación del Instituto de Defensa Legal (IDL) haciendo el siguiente chiste: bienvenido uno de los pocos grupos que ha decidido quedarse en la sociedad civil. Y prueba de que en parte era verdad lo que nos quería decir, fue que sus cuatro asesores, presentes en la reunión, provenían de instituciones de la sociedad civil parecidas al IDL.
Estamos, efectivamente, ante un gobierno que ha convocado a un número significativo de personas que venían actuando en asuntos de relevancia pública pero desde fuera del Estado, como ONGs o universidades. Ellas están presentes en casi todos los sectores de la Administración Pública; algunas ocupan cargos menores, pero muchas han sido ubicadas en rangos intermedios y hasta en la cúspide del poder político.
Como se trata en muchos casos de personas de izquierda o progresistas, la broma es que se ha logrado la otrora soñada toma del poder, aunque haya sido parcialmente y por una vía inesperada. Los que creen que en la sociedad civil hay un buen número de instituciones y personas que viene aportando desde hace mucho tiempo en la construcción de un país mejor, solo pueden ubicar este dato en la parte positiva del actual gobierno.
Tampoco se trata de idealizar. En el grupo hay quienes son mejores que otros y hasta casos inexplicables y preocupantes. Pero no se puede negar que es una manera de atraer a gente valiosa y de incrementar la pluralidad en el Gobierno. Si bien no es el primer caso en el que un gobierno convoca a representantes de instituciones de la sociedad civil, la particularidad esta vez es que se trata de un número mayor, y que quien convoca es un ex militar hasta hace poco rechazado y temido. ¿Cómo será el desenlace de este matrimonio entre partes que apenas se conocen?
Lo deseable y la mejor hipótesis – todavía viable - es que dure y se consolide, y que esta suma de experiencias distintas, dé sus mejores frutos. Ahora, la experiencia también podría terminar en algo que se ha venido diciendo desde la campaña: todo este tipo de gente podría recibir un puntapié y ser echada del régimen, en la medida que el Presidente vaya consolidando alianzas con sectores que considere más llegados o rendidores, como podrían ser los militares y empresarios .
También está la otra cara de la moneda. Los que han entrado desde la sociedad civil podrán ir viendo cómo muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno, si bien no es lo que esperaban, las pueden poner en el cajón de lo aguantable. Pero, de pronto se puede producir un punto de inflexión, en el que se pase a lo inaguantable, por tratarse de medidas que atentan contra convicciones irrenunciables.
Si se entra a un gobierno, no es para tirar la toalla a la primera, pero tampoco para ponérsela en los ojos y así no ver lo que no se quiere ver. Otra curiosidad: ¿Y cómo lo harán en términos de gestión? ¿Saldrán bien parados por hacerlo bien; o apanados por su falta de capacidad? ¿Marcarán una diferencia con el pasado? Todo un desafío.
También habrá que observarlos en todo lo relacionado con corrupción. De quienes se dedicaban a la fiscalización de la actuación pública solo se puede esperar que sean un ejemplo de probidad y transparencia. Además, tienen la obligación de hacer cuestión de estado ante cualquier caso de corrupción en la administración pública, en general.
Por último: ¿cuál será la actitud que tendrán frente a la sociedad civil, su alma mater? ¿En el marco de lo correcto, abrirán espacios para una actuación conjunta, guiada por los mismos objetivos, o la negarán cual Pedro, para evitar el qué dirán?
Aunque suene contradictorio y a broma: habrá que crear el clásico observatorio para fiscalizar la actuación de la sociedad civil en el Estado.
Ernesto
De La Jara