Hay dos bloques de explicaciones sobre los conflictos sociales, incluido el de Cajamarca. En uno primero están todas las que apuntan a descalificar a la población que protesta. Aprovechándose de su ignorancia, los radicales la manipulan con argumentos falsos. Representa una minoría que se impone al resto, en base a amenazas.
Una población que, por atrasada, está en contra de la modernización y cree que la única forma de subsistencia son la agricultura y la crianza de animales. Su localismo hace que sea incapaz de comprender la necesidad de inversiones que servirán para las políticas de inclusión social. No entiende que si no se dan facilidades a esas inversiones se irán del país. Los pobladores no valoran todo lo que la empresa les da (trabajo e infraestructura), porque sus necesidades responden a lo que les debe el Estado.
Las empresas reconocen que en el pasado han cometido errores, pero prometen que ahora actuarán con responsabilidad. Los actos de violencia – en esta línea - están planificados desde el comienzo y son la prueba de la presencia del SL o el MRTA. El otro bloque trae argumentos opuestos. Es la mayoría de población que, con conocimiento de causa, se moviliza para defender sus condiciones socioambientales.
Parte de la protesta se debe a que ella nunca ha sido realmente consultada, como la empresa pretende hacer creer, pese a que se trata de inversiones que afectan sus propiedades, reservas naturales y condiciones de vida. Los efectos negativos que han tenido muchas explotaciones anteriores demuestran que lo dicho por la empresa fue falso, o que los informes de impacto ambiental se consiguieron de manera ilegal, con la complicidad del Estado, siempre del lado empresarial.
Sería muy difícil negar que en muchas ocasiones las tierras de los pobladores se adquirierona muy bajo precio, a través de engaños y que ellos nunca participaron de las ganancias. Otra acusación que se ubica de este lado es que hay empresas que compran periodistas y dirigentes, y que tienen servicios de seguridad y personal abusivos.
Desde este lado, no hay ningún problema en afirmar lo que en el primer bloque sería una blasfemia: hay zonas que deben ser para actividades agropecuarias y otras para industrias extractivas. De esta manera se estaría protegiendo un ambiente sano, no solo a favor del Perú sino de toda la humanidad. A diferencia del primer bloque, los actos de violencia en los que se incurre - siempre condenables – se explican porque llega un momento en que la población se cansa de no ser escuchada y de ser satanizada.
Lo más peligroso en esta segunda línea no es tanto que haya unos cuantos integrantes de SL o del MRTA tratando de pescar a río revuelto, sino que estos conflictos estén expresando sentimientos profundos y de larga data, tales como la exclusión histórica y del actual crecimiento económico; el resentimiento por el ninguneo racial y cultural; el centralismo a todo nivel, especialmente en la toma de decisiones; la crisis de representatividad; la inexistencia de instituciones; el abandono de la juventud, etc.
Ahora, para decir si es lo uno o lo otro, habría que basarse en información empírica referida a cada caso. En el IDL hemos tenido contacto directo con algunos conflictos, lo que nos permite afirmar que en ellos prima el segundo tipo de explicaciones. Pero nunca podríamos hacer la misma interpretación para todos, ya que no los conocemos.
Por eso, nos llama la atención que haya quienes se atreven a generalizar el primer tipo de explicaciones sin haber investigado cada conflicto o haber ido por lo menos a la zona donde este ocurre. Sobre todo, porque se trata de un diagnóstico que quiere sangre y no diálogo, lo que obviamente no contribuye a la solución de la situación, sino a agudizar las diferencias y manifestaciones de violencia.
Concretamente sobre Conga, nos incluimos entre quienes creen que es la gran oportunidad para comenzar a procesar de una manera diferente (lúcida) las diferencias entre Estado, empresa y población.
Ernesto
De La Jara