Columnistas | 27-12-2011 | Ernesto De La Jara
Parece que el Estado Peruano se acaba de sumar al nuevo cargamontón que hay contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA (SIDH); especialmente contra uno de sus órganos: la Comisión Interamericana (CIDH).
Esta vez no lo ha hecho planteando - como en los años de Fujimori y Montesinos- su salida de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, una vía tramposa que fue declarada inadmisible por dicho órgano. Ahora se plegaría al intento de reforma promovido por diversos países. Se trata de una reforma supuestamente encaminada a perfeccionar el SIDH, pero cuyo objetivo principal es, en realidad, debilitarlo.
Este intento de reforma está plasmado en un documento recientemente aprobado por la OEA, que contiene puntos positivos, pero muchos más son los peligrosos.
Así, en él se dice que hay que buscar “un equilibrio entre las actividades de promoción y de protección” que cumple la CIDH; ello significa que se quiere que lleve menos peticiones (casos) ante la Corte. También se limita el importante papel que viene cumpliendo la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, al considerar que su informe debe dejar de ser autónomo, como ha venido siendo, para convertirse en parte de uno de los capítulos del informe general, le relativiza su importancia. También comprende una serie de restricciones frente a la protestad de la CIDH de conceder medidas cautelares (la paralización inmediata y excepcional de un acto a fin de evitar un daño irreparable).
Han sido cuatro los países los que han estado tras el documento. Y las razones son obvias. Venezuela, por las constantes críticas de la CIDH frente a sus medidas antidemocráticas. Ecuador, por los choques con la mencionada Relatoría de Libertad de Expresión. Brasil, porque no le perdona a la CIDH la medida cautelarque ocasionó la paralización de la hidroeléctrica de Bello Horizonte. Y Colombia, porque no quiere seguir siendo criticada por la violación de derechos humanos en que incurre al combatir legítimamente a las FARC.
De acuerdo a lo declarado por nuestro Ministro de Justicia, ahora el Perú se sumaría al impulso de esta (contra) reforma. Y el motivo es que la CIDH ha pasado a la Corte el caso de las supuestas ejecuciones extrajudiciales durante el rescate de los rehenes de la embajada de Japón.
En lugar de limitarse a ejercer una defensa que, por su alta calidad, logre demostrar - si así hubiera sido - que todas las muertes fueron en combate, o que todavía no se ha agotado la vía nacional de juzgamiento, como se alega, opta por la típica descalificación de la CIDH. Una posición que no le hace nada bien al Perú, porque da la impresión de que se está escondiendo algo grave, y, encima, respecto a hechos no ocurridos ahora, sino en los años de la dictadura.
Como parte de esta estrategia equivocada, se levanta una falsa disyuntiva: de un lado están los que valoran este rescate histórico, y, del otro, los que quieren meter presos a estos héroes de la Patria.
Nada más falso. Todos admiran el rescate, solo que hay quienes creen que, por más exitoso que haya sido, se debe investigar si hubo ejecuciones de emerretistas rendidos. No se defiende a un grupo tan nefasto como el MRTA, ni al monstruoso delito cometido, sino al principio de que el Estado no puede asesinar a nadie que se rinda; mandato claramente dispuesto por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Su obligación es ponerlos a disposición de la justicia. Medida que se limita a quienes habrían tenido que ver con estas ejecuciones y no comprende al resto de comandos. Pero inmediatamente se impone la histeria de quienes siempre pretenden lograr réditos políticos defendiendo la mano dura. Y las autoridades que podrían defender una posición sensata, no lo hacen, por miedo al costo político.
Qué vergüenza si, al igual que en los años de Fujimori y Montesinos, nuestro país termina liderando una nueva guerra contra el CIDH, como parte del bloque de países que, sin distingo ideológico, tienen razones para temer al CIDH. Nos estaríamos olvidando, asimismo, del importante papel que cumplió en la recuperación de la democracia peruana.
Ernesto
De La Jara