TODOS SOMOS DERECHOS HUMANOS

Columnistas | 17-01-2012 | Ernesto De La Jara

TODOS SOMOS DERECHOS HUMANOS

El viernes pasado, Juan Carlos Tafur, director de este periódicocon el que colaboro semanalmente gracias a su gentil invitación- escribió una columna muy crítica de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, con la que discrepo. Y no respondo inspirado por el refrán “a quien le caiga el guante que se lo chante “, ya que podría no sentirme aludido, ubicándome, más bien, en el grupo de las ONG que él considera como “honrosas excepciones”.

Pero sería negar, cual Pedro, el hecho de pertenecer a una institución, el IDL, que desde 1983 tiene como una de sus líneas fundamentales de trabajo, la defensa de los derechos humanos. Discrepo con lo escrito, pero valoro poder responder. “Nos hubiera gustado ver a alguna de las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos interesadas siquiera en el caso de Gastón Mansilla… “, es su punto de partida. Afirmación tras la que está la pregunta recurrente de: ¿por qué estas organizaciones no se han pronunciado sobre este caso, y sí sobre otros?

Nuestra respuesta es que se hace una separación implícita, que no nos parece correcta. A un lado se pone a quienes están obligados a defender los derechos humanos (las ONG-DDHH), y en el otro, a quienes lo hacen como un acto gratuito, que va más allá de la función que les corresponde. Pero no es así. Todos tenemos la obligación de defender los derechos humanos, porque son básicos en un Estado de derecho. Es como si se dijera que los únicos que tienen la obligación de defender la libertad de expresión son el Consejo de la Prensa Peruana e IPYS.

Si se parte de esta premisa, la pregunta de por qué se le presta atención a estos casos y no a otros, vale para todos. Se sabe muy bien que en el Perú hay miles de personas que deberían estar solo con orden de comparecencia y no de prisión efectiva. ¿Estas personas no deberían ser también preocupación de los medios, como lo ha sido, de manera justa, Mansilla?

¿Por qué solo la cobertura del dramático caso de Ciro Castillo, y no de los 14,000 desaparecidos que hay en el país, cuyos familiares los vienen buscando desde hace años, sin ninguna ayuda? El IDL – y estoy seguro que muchas otras instituciones – optaron por no intervenir en el caso Mansilla, porque él contaba con una serie de condiciones: abogado, respaldo mediático, pronunciamiento de autoridades, etc.

Es decir, no se encontraba en un estado de indefensión. Otra es la suerte de la mayoría de los casos asumidos por las ONG. Se trataba de personas que, por lo general, no podían acceder a ningún tipo de defensa. “¿Por qué los organismos de derechos humanos solo intervienen cuando se trata de detenidos o procesados vinculados a agrupaciones subversivas?”, es otra de las preguntas de la columna.

Respuesta: no intervenimos en casos de procesados “vinculados a dichas organizaciones”, sino de procesados “acusados de estar vinculados a dichas organizaciones”, cuando en realidad no lo están. Defendimos, por ejemplo, a los inocentes en prisión y no a senderistas o emerretistas encarcelados.

Hay una última acusación que, con sinceridad, me sorprende que alguien como Juan Carlos Tafur la crea: los criterios de selección de las ONG tienen que ver más con su contabilidad que con principios, llegando a decir que… “es más sexy y mejor financiado el desvelo por Lori Berenson”.

Cuando ocurrió, precisamente, la detención de Lori Berenson, personas vinculadas a ella ofrecieron al IDL el monto que quisiéramos para asumir su defensa. Y nos negamos por una cuestión que, para nosotros, era de principios. Ahora, vale aclarar, que estamos lejos del ánimo de linchamiento que hoy hay en su contra.

Los recursos que reciben las ONG de DDHH provienen de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá u organizaciones privadas que también tienen fondos públicos o vinculados a diferentes Iglesias. ¿Cuál sería la lógica para que estos países u organizaciones ayuden de manera prioritaria a las instituciones que defienden casos como el de Lori Berenson?