Columnistas | 23-01-2012 | Ernesto De La Jara
La campaña de desinformación que en estos días hay contra la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH), nos ha hecho olvidar que hay una razón por la que los peruanos le debemos estar infinitamente agradecidos: nos ayudó de manera decisiva a recuperar nuestra la democracia.
Recordemos que en marzo del 2000 sacó un informe demoledor contra las elecciones donde se pretendía la reelección de Fujimori. En él se dijo que “de acuerdo a los estándares internacionales, el proceso electoral peruano está lejos de ser considerado como libre y justo”, recogiendo las palabras de Eduardo Stein, excepcional observador electoral de la OEA.
En el mismo informe, la CIDH llegó a decir -razón por la que los fujimoristas se la tienen jurada- que prácticamente se había producido un nuevo golpe de estado: “el proceso eleccionario que ha tenido lugar en el Perú constituye claramente una interrupción irregular del proceso democrático a que se refiere la Resolución 1080, adoptada en 1991 por la Asamblea General de la OEA”.
Resolución pocas veces citada, ya que a través de ella (1991) se introdujo que, ante situaciones como la del Perú, la OEA tenía la obligación de convocar al Consejo Permanente “para, en el marco de la Carta, examinar la situación, decidir y convocar una reunión ad hoc de ministros de relaciones exteriores, o un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; todo ello dentro de un plazo de 10 días”.
A diferencia de muchos peruanos que creían ingenuamente que había que limitarse a pedir la democratización del tercer período de Fujimori, la CIDH optó por decir que “urge el restablecimiento del Estado de derecho en el Perú y la convocatoria, en un plazo razonable, de elecciones libres, soberanas justas y auténticas que cumplan con los estándares internacionales respectivos”. En dos palabras: nuevas elecciones.
También se jugó a favor de nuestra democracia la Relatoría Especial de Libertad de Prensa de la CIDH, a la que hoy también se cuestiona injustamente.
Dicha relatoría no se amilanó al llamar a las cosas por su nombre: “incidentes de seguimiento a periodistas y políticos; interceptaciones de llamadas telefónicas; campañas de desprestigio a medios de comunicación y personalidades que hayan expresado opiniones críticas a las actuales autoridades; utilización del poder judicial para silenciar programas radiales y de televisión con contenidos críticos; presiones judiciales a los propietarios de medios de comunicación, buscando evitar programación desfavorable y numerosos casos de amenazas y ataques a periodistas y políticos”.
A los pocos días del fraude fujimorista se realizó la Asamblea de la OEA en Windsor, Canadá. La CIDH ratificó su posición y en el mismo tono. Para el Perú debe ser, entonces, de especial cuidado lo que pueda pasar el 25 de enero, fecha en la que se reunirá en Washington el “Grupo Especial de Trabajo creado para evaluar el funcionamiento de la CIDH. Ojalá que las modificaciones que salgan sean para mejorar el desempeño de la CIDH, pero sería un retroceso - y un triunfo para los Estados que, por una u otra razón, no quieren ningún tipo de monitoreo externo -que ellas signifiquen su debilitamiento.
Confiamos en que el Perú honre su deuda. Y confiamos también en nuestra delegación. La presidirá el canciller Roncagiolo , de reconocida trayectoria, quien fue , además, testigo presencial del papel que a favor de nuestra democracia jugó la CIDH en la asamblea de Windsor, a la que él también asistió como presidente de Transparencia. La presencia de Walter Albán, nuestro actual embajador ante la OEA es también garantía de una correcta actuación.
Pero lo preocupante es que el trabajo de este Grupo Especial se inició teniendo como presidente al entonces embajador del Perú ante la OEA, Hugo de Zela, quien, por esas cosas raras de la vida, también estuvo en Windsor, solo que defendiendo a grito pelado el fraude electoral y la reelección de Fujimori (más información en Portal de Justicia Viva).
Ernesto
De La Jara