Hay que tener mucho cuidado con las medidas que aprueba a última hora el gobierno saliente, sobre todo cuando lo que se viene no es continuidad sino cambio, como va a ocurrir. Peor si el partido que se va, el APRA, deja solo unos cuantos congresistas.
Si se indultara a Fujimori, sería el clásico pago a cambio de protección, como ya muchos han dicho.
Salvando las distancias, la obsesión de algunos por nombrar a último minuto al Defensor del Pueblo podría seguir la misma lógica.
¿Cuántos candidatos ha presentado la comisión de selección al pleno del Congreso para la votación final? Uno: Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima.
Es cierto que fue seleccionado de una lista de 34 y que la gran mayoría de la comisión voto por él. Pero aún así, toda elección con candidato único no es democrática; sobre todo si la costumbre es presentar por lo menos una terna.
Es obvio, además, que el nuevo Defensor del Pueblo tendría mucha más legitimidad si fuera elegido por los congresistas recién electos y no por los que por los que están de salida. Ninguno de los parlamentarios que seleccionaron a Gutiérrez formará parte del nuevo Congreso, al igual que gran parte de los que tendrían que votar por él en el pleno.
De otro lado, si se consiguiera la mayoría calificada que se requiere (más de 80 votos, de un total de 120), estaríamos ante un milagro increíble, ya que este tipo de votación se logra a la “muerte de un obispo”.
Prueba de ello es que ya hubo una primera votación y Gutiérrez no pasó la valla; pero el congresista aprista Gonzales Posada ha insistido para que mañana martes se vuelva a votar. ¿Por qué durante meses no se le dio importancia a esta votación y ahora es sí o sí?
Se justificaría si la Defensoría estuviera acéfala, pero no es el caso. El Defensor interino, Eduardo Vega, ha sido adjunto de Beatriz Merino y trabaja en la Defensoría desde las épocas de Santistevan de Noriega.
La actuación de la Defensoría se basa en su capacidad de persuasión, sobre la base de su legitimidad, ya que sus decisiones no son obligatorias.
Y esa legitimidad proviene de quién es la persona que ocupa el cargo y de cómo fue elegida.
De ahí que se estaría poniendo en peligro una institución que ha sido fundamental para el país desde 1996, si se nos terminara imponiendo un proceso de selección absurdamente contra el reloj, que busca –por algo será- beneficiar a un candidato único.
Nadie cuestiona los méritos profesionales de Gutiérrez, pero se trata de una persona muy cercana al APRA. No fue gratuito que en la comisión oficial sobre los sucesos de Bagua él fuera nombrado como unos de los representantes del Gobierno (comisión de la que, por cierto, se hizo humo a la hora de trabajar).
En las actuales circunstancias, lo que conviene es tener un ombudsman totalmente independiente, sobre todo del partido que deja el poder, y que sea producto de la nueva voluntad popular. No olvidemos que se trata de una autoridad clave para los próximos 5 años.
Si Gutiérrez quiere ser un Defensor verdaderamente independiente y con el prestigio de los anteriores, no le conviene esta imposición que todos debemos evitar.
Ernesto
De La Jara