El gran desafío: Conflictos Sociales

Columnistas | 27-06-2011 | Ernesto De La Jara

El gran desafío: Conflictos Sociales

Más días de conflictos sociales que derivan en violencia y muertes. Uno de los ámbitos en el que, pese a su importancia, este gobierno termina jalado y que, por lo mismo, debe ser una prioridad para el de Humala.

Habría que comenzar por desterrar por completo ese discurso de Alan García sobre ‘el perro del hortelano’, o el ‘primitivismo’ de los que reclaman. Se provoca así que haya un sector que se siente totalmente respaldado y otro ninguneado e insultado.

También hay que cambiar la explicación simplista de que los conflictos son producto de la manipulación política de grupos radicales. Los puede haber, pero la gran mayoría responden a demandas muy sentidas por la población, las que, por lo demás, muchas veces tienen la legalidad de su lado.

Lo que sí hay es una mucha mayor conciencia de derechos en esa población, junto con un incremento de los mecanismos de protección de los que puede disponer; algo que puede complicar las cosas, pero que es justo e irreversible.

Considerar que toda empresa es la mala de la película, es igualmente equivocado; el punto de partida debe ser, por el contrario, algo positivo que habría que aprovechar, ahora son muchas las empresas que actúan respetando la ley y con responsabilidad social.

Igual de absurdo es creer que la solución es meter bala. Para comenzar, porque, como es sabido, la policía en las actuales condiciones no podría responder en varios frentes, pero fundamentalmente porque no se puede responder a un movimiento social como si fueran delincuentes, lo que no quiere decir que ese movimiento social pueda recurrir a cualquier método. Los delitos cometidos no solo merecen el repudio de todos sino que deben ser sancionados penalmente. Esto no puede estar en discusión. Pero eso no significa – como se cree – carta blanca para perseguir dirigentes y para desconocer garantías básicas como la individualización de la responsabilidad penal.

Se requiere reemplazar las mesas de negociación ad hoc por canales institucionales muy bien delimitados, que funcionen en base a un marco legal también muy claro. Es increíble que este gobierno no haya aprobado una adecuada ley de consulta, o no haya aprovechado la oportunidad para tener una ley forestal consensuada. En esta línea: hay que asumir que el órgano creado en la PCM no funciona; que el Poder Judicial y el Tribunal constitucional podrían ir sentando precedentes que incluyan la jurisprudencia internacional; que podría fortalecerse las fiscalías de prevención del delito; que las competencias regionales y locales deben adecuarse, o ampliarse las de la Defensoría del Pueblo; etc.

Ahora, todo eso pasa por construir una confianza en los mecanismos estatales. Se reclama la presencia de determinadas autoridades o se viene a Lima, porque se percibe que las que están en la zona siempre le dan la razón a la empresa. Crear una autoridad independiente que haga los informes de impacto ambiental, como se pide, no es una idea descabellada y podría ayudar.

En cuanto al tema de fondo, hay que comenzar por reconocer que está pendiente el debate público sobre ¿en qué medida y dónde se quiere industrias extractivas? Cada quien tiene su posición, pero no hay consensos mínimos. Un debate que requiere transparencia, información, negociación, comunicación y persuasión. No puede ser, por ejemplo, que con este gobierno se hayan multiplicado ad infinitum las concesiones para este tipo de industrias, de una manera clandestina.

Nunca hay que perder de vista que muchos de estos conflictos se originan en una objetiva exclusión histórica a todo nivel, superpuesta a la exclusión frente al actual crecimiento económico. Son la expresión de ese famoso “voto de protesta” reconocido por todos en su momento. Debemos asumir, por último, que no es cuento que somos un país en el que hay muchas otras culturas que tienen una relación muy especial con su entorno, que de pronto ven afectado.

Se trata de una ruta larga y complicada, pero la única que corresponde a un modelo democrático, y la única que puede resultar eficaz.