El presidente Humala y los derechos humanos

Columnistas | 18-07-2011 | Ernesto De La Jara

El presidente Humala y los derechos humanos

Un año más para recordar que el 16 de julio de 1992 se produjo el más grave atentado de Sendero Luminoso (S.L) en Lima: un coche bomba de 600 kilos de explosivos, puesto en la calle Tarata, produjo 25 muertos y cerca de 200 heridos.

El ‘Carnicero de los Andes’, Telmo Hurtado, acaba de ser extraditado de EE.UU. En agosto de 1986, cuando él era subteniente del ejército, su patrulla asesinó a 69 campesinos de la comunidad de Accomarca (Ayacucho), 30 niños y 27 mujeres entre ellos. Posteriormente, se siguió matando a testigos (7), pero algunos lograron sobrevivir.

Estos dos hechos deben servir para recordar que entre 1980 y el 2000 padecimos lo que la Comisión de la Verdad (CVR) ha considerado el episodio más sangriento, extenso y prolongado de toda la historia republicana, incluidas las guerras externas.

Fue SL la organización que desencadenó la violencia y el principal perpetrador de crímenes y violaciones de derechos humanos (el 54% de las víctimas fatales, según la CVR). Sin embargo, del lado del Estado, también hubieron miles de desapariciones, matanzas, torturas, etc.

Y de ello no se puede responsabilizar solo a las FF.AA. y a la Policía, sino también a los gobernantes civiles, partidos políticos e instituciones y personas del Estado y de la sociedad que, con su actuación o pasividad, dejaron que todo ello sucediera.

Debemos recordar no por masoquistas, sino porque nos permitirá entender mejor lo que somos como país, y porque hay una agenda pendiente que es justo atender, si se quiere, además, terminar con una de las fuentes de conflicto.

El Gobierno que termina sale nuevamente jalado en Derechos Humanos. Toca, entonces, que Humala marque un claro antes y después, tal como lo prometió.

La chillería nunca nos ha permitido, por ejemplo, debatir seriamente cómo fue posible que un grupo como SL casi nos derrotara como país, y qué fue lo que, finalmente, provocó su derrota. Es más fácil repetir chiches ideológicos. Ojalá que desde el Estado se promueva otra actitud. .

Debe avanzarse también en la judicialización de las violaciones de derechos humanos. Que quede claro que los militares que se pretende juzgar no son los que con coraje se enfrentaron al terrorismo, sino a los que, como Telmo Hurtado, asesinaron a sangre fría a gente pobre e indefensa.

El Presidente Humala debe hacer que el Ministerio de Defensa proporcione la información que los jueces necesitan. Algo que es especialmente importante que se cumpla, ya que permitiría que todos los casos avancen, incluido el de Madre Mía, lo que permitiría que las acusaciones contra él se aclaren de una vez por todas.

Debe revisarse la política de reparaciones. Nadie está pidiendo que cada víctima reciba 20 millones de soles, como ocurrió con Ivcher. Pero solo 10, 00 soles por persona, de una lista limitada, es hasta provocador. No hay que olvidar que cerca del 80% de quienes murieron vivían en las zonas rurales más pobres del país. Estas reparaciones deberán abarcar, obviamente, a policías y militares.

También debe hacerse un balance de lo que se ha avanzado en cuanto a lugares de memoria en Lima y en el interior del país.

No más satanización de las instituciones y personas que trabajan por la vigencia de los derechos humanos, ni normas que busquen limitar la actuación de la sociedad civil.

Esto solo en cuanto a violencia política, pero los derechos humanos abarcan muchos otros ámbitos, en los que también habrá que adoptar medidas, a diferencia del Gobierno que concluye (todos los que tienen que ver, por ejemplo, con la afirmación de un Estado laico, sin negar el respeto de lo religioso).

La promoción de los Derechos humanos constituirá, sin duda, uno de los indicadores con los que se medirá el desempeño del gobierno de Ollanta Humala, nacional e internacionalmente. No estaría mal, entonces, darle su lugar en el mensaje del 28 de julio.