23 de Abril del 2014 - Lima PE

Consecuencias y principios

¿Qué es una buena vida? ¿Qué cosas debo valorar más? ¿Qué rasgos de carácter debo cultivar y desarrollar? ¿Cómo vivir bien? Estas son las preguntas centrales de la ética. En buena medida, las respuestas dependerán de las peculiares características y circunstancias de la persona que se las esté formulando. Pero así como debemos tomar en cuenta nuestra particularidad, también hay rasgos que compartimos con cualquier otra persona. Reflexionar sobre el bien humano es imprescindible si uno busca vivir bien. Es posible sufrir una mala vida por azar. La suerte puede arruinarnos. Pero nadie florece por casualidad; la excelencia humana solo se logra deliberadamente.

 

Nadie puede vivir la vida por otro, ni imponerle a otros sus propios valores (aunque no faltan quienes intenten hacerlo). En este sentido la moral es personal. Pero también es posible equivocarse moralmente, alimentar vicios y vivir mal. Como hemos visto anteriormente en esta columna, una fuente de confusión que nos viene del siglo XVII europeo es la noción de que la subjetividad –las inclinaciones personales, el deseo o alguna otra facultad mental– determinan lo bueno o malo. Es cierto que, más allá de las opiniones, lo que es bueno para unos puede no serlo para otros. La buena vida depende de la cultura, los talentos y las circunstancias individuales. No obstante, el bien para los hombres no se constituye subjetivamente, sino que se descubre.

 

Quien haya sido educado moralmente tendrá buenos deseos, conocerá sus talentos y sus debilidades y sabrá cómo desenvolverse en la vida. Sabrá, además, que uno nunca determina de manera absoluta cuál es el bien humano, que la buena vida tiene siempre horizontes infinitos que explorar. Actuar bien no es algo que resulte de seguir normas o aplicar fórmulas. Vivir bien es una actividad sin término que requiere deliberar constantemente sobre el bien mismo.

 

Ahora bien, la recta deliberación tiene dos aspectos esenciales. Por un lado, involucra principios sobre lo que es bueno o deseable. Por otro, requiere que se tomen en cuenta los efectos de nuestras acciones. Estos aspectos se han enfatizado de diversas maneras dando lugar a concepciones opuestas respecto de sus respectivas funciones: los consecuencialistas afirman que la deliberación consiste en el estimado de las consecuencias; los principistas, que lo único que importa son los principios.

 

Formulada así, esta oposición es un tanto artificial. El consecuencialismo afirma al menos un principio absoluto, que solamente importan las consecuencias; y cualquier aplicación de principios tiene que considerar los efectos de las acciones. Aun así, estos extremos definen un espectro. Notemos que mientras haya certeza respecto de las consecuencias, permanecemos en el extremo principista: no necesitamos invocar efectos para excluir envenenar el trago; basta con el principio que excluye el asesinato. Abandonamos este extremo cuando consideramos consecuencias que predecimos tan solo especulativamente.

 

Hay aquí diferencias entre las personas y los países. La deliberación, las responsabilidades y las acciones colectivas son estructuralmente distintas que las personales. Pero también hay parecidos. Existe un correlato nacional de la integridad individual. En ambos casos, crucialmente, la consideración especulativa de las consecuencias es siempre solo eso, especulación meramente probable. Pero la complejidad contextual es muchísimo mayor cuando se trata de países. La ingeniería social es tan fantasiosa como lo es cualquier ciencia predictiva de la historia. Dejar que la especulación decida nuestra deliberación colectiva es asegurar que sea el azar lo que determine nuestro futuro.

 

Consideremos un ejemplo: descubro un robo contra el Estado por parte de funcionarios públicos. ¿Qué tanto peso debo darle a las consecuencias de iniciar las acciones correspondientes contra los corruptos? Supongamos que –¿cuándo no?– existe el riesgo de causar daños mayores si lo hago. ¿Qué peso debe tener esta consideración? Evidentemente, importa la gravedad de las consecuencias, su probabilidad, y la certeza con que pueda determinarlas. También importa, por supuesto, qué tanto influyan mis propios intereses en mi deliberación. Pero me aventuro a afirmar que, generalmente, en lo personal, tales especulaciones manifiestan falta de integridad, y que en las deliberaciones colectivas, salvo claras excepciones, son expresión de pensamiento ofuscado.

 

En el Perú, lamentablemente, tendemos a embarcarnos justamente en semejantes ejercicios especulativos. Nuestra conversación pública somete cualquier principio al análisis de coyunturas y el cálculo de consecuencias. En política, estamos dispuestos a reinventar todo y a admitir cualquier posibilidad. El número de nuestras constituciones y las repetidas rupturas institucionales que pueblan nuestra historia lo manifiestan.

 

No habrá desarrollo si no somos capaces de acordar que ciertos principios políticos son absolutos. Ya hemos dado pruebas de un consenso en este sentido. El Acuerdo Nacional es una expresión de ello, aunque excede por mucho a los principios básicos a los que nos referimos. Se trata, por ejemplo, de acordar que las normas democráticas son intangibles, que quienes propongan violarlas (por ejemplo, adelantando elecciones, o llamando a la insurgencia, o invocando la violencia social, o conspirando para favorecer sus intereses particulares) están al margen de la vida pública. La justicia, la equidad y el respeto a las múltiples identidades culturales que albergamos no son valores negociables. Enmarcar el diálogo sobre nuestras políticas públicas en el contexto de una voluntad democrática común y básica es condición necesaria para lograr el Perú que todos queremos.