Una institución a la deriva

Columnistas | 16-08-2011 | Javier Torres

Una institución a la deriva

Una de las instituciones más desprestigiadas del país es el Congreso de la República. A este se le ve como un ‘elefante blanco’ que no sirve para nada, en el cual un grupo selecto de ciudadanos elegidos por el resto de peruanos dan un permanente espectáculo que alimenta la sección política de los medios de comunicación. Esta imagen, sin duda, fue alimentada a lo largo de los noventas por el fujimorismo, pero ya no se le puede seguir echando la culpa a este de la mala performance del Congreso.

Una de las razones de la pobreza del Legislativo tiene que ver con la virtual inexistencia de los partidos políticos, reducidos a maquinarias electorales a las cuales todo aquel que quiere ganar una elección se acerca con unos meses de anticipación, con el aporte económico respectivo para entrar en competencia. A esto se suma la poca formación política de quienes asumen el cargo, a quienes antes que exigirles un título profesional, habría que exigirles que tengan alguna mínima experiencia como autoridad o como funcionario.

El asunto es que cada cinco años vemos renovarse al 80% de los congresistas, sin que esto signifique mejora alguna. Todo lo contrario, los nuevos parlamentarios que asumen presidencias de comisiones no tienen mucha idea de cuáles son sus funciones. Mientras tanto es habitual que el Poder Ejecutivo solicite facultades legislativas, con lo cual la labor parlamentaria se limita a una fiscalización de muy pobre calidad y al debate de leyes poco relevantes.

La cosa empeora cuando vemos que los representantes se olvidan de que fueron elegidos en región, y que deben rendir cuentas de su gestión, pero conforme transcurren los meses descubren que es mejor quedarse en Lima y visitar lo menos posible a sus electores, que empiezan a reclamarles las promesas de “obras” que no pueden cumplir, porque estas son tareas del Ejecutivo nacional o regionales.

Frente a ello surgen propuestas insólitas y poco serias, como la de la realización de sesiones descentralizadas del Congreso o de sus comisiones, las mismas que generarían un enorme gasto en el traslado de los congresistas y sus asesores, y solo servirían para constatar la pobreza del debate que se da en estas. O peor aún, proponer que las sanciones a los congresistas se debatan en sesiones reservadas, como ha planteado el congresista Yehude Simon.

Por ello quizás lo más saludable es que el Congreso defina una agenda parlamentaria con cuatro o cinco prioridades para el período, y que una de ellas sea la reforma interna para que comience a funcionar de manera adecuada.Y que aproveche la excelente oportunidad de borrar la pésima imagen de los primeros días, aprobando la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas que el anterior gobierno observó. De no hacerlo, confirmará ante la ciudadanía que todo sigue igual en la Plaza Bolívar.