La consulta no es un antídoto para los conflictos

Columnistas | 30-08-2011 | Javier Torres

La consulta no es un antídoto para los conflictos

Una vez aprobada la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas, muchos se han animado a decir que los conflictos sociales en el Perú se reducirán sustantivamente. Por el momento esto es más la expresión de un deseo que otra cosa, ya que, sin duda, la consulta es uno de varios mecanismos que el gobierno tendrá que ir implementando, pero además porque en el Perú no todos somos parte de tal o cual pueblo indígena, aunque gracias a la consulta previa, por primera vez existirá un incentivo para autorreconocerse como tal.

Sin duda alguna veremos emerger en los próximos meses y años a indígenas que hasta ahora no se asumían como tales, y también veremos a pobladores de diversas regiones exigir que se les consulte previamente, en nombre de alguna de las tantas identidades étnicas que un país tan rico en historia y cultura nos brinda. Y dura será la tarea del Viceministerio de Interculturalidad en definir a quién se debe consultar en cada caso, aunque seguramente el reglamento buscará limitar en parte este aspecto.

Pero esto no resuelve la demanda de información, participación y consulta de amplios sectores de la ciudadanía que no tienen voz en la toma de decisiones del Estado, y que además andan bastante desencantados de los mecanismos de este tipo que la descentralización del 2002 estableció, tales como los presupuestos participativos y los consejos de coordinación local, en los que en la mayoría de los casos no se decide nada relevante.

En buena medida esta situación, junto con la incapacidad de los tres niveles de gobierno para resolver las demandas de la ciudadanía y la pobreza de una clase política encerrada en debates estériles, llevó a que emergieran conflictos de todo tipo, que una saludable medida como la Ley de Consulta Previa no va a poder resolver. Para ello se requiere una política real de prevención de conflictos y, sobre todo, una gestión eficiente de los mismos.

Quizás por ello los promotores de la consulta previa deberían buscar que esta se aplique, no solo para las concesiones y proyectos de inversión, sino también en otros campos de la acción del Estado, como la educación, la salud y la justicia, donde la exclusión, el racismo y la discriminación se encuentran firmemente instalados. Lograr éxito en estos campos será la mejor manera de legitimar la consulta previa ante los pueblos indígenas, para no volver a caer en el desencanto.