La otra minería

Columnistas | 13-09-2011 | Javier Torres

En los últimos años buena parte de los conflictos socioambientales ha sido producto de la expansión de la gran minería, la que se ha producido por el alto precio de los minerales en el mercado internacional. Estos conflictos han concitado la vigilancia permanente de diversos sectores de la sociedad civil y la atención de los medios de comunicación, sobre todo cuando han derivado en violencia, producida tanto por agentes del Estado como por la población movilizada.

Sin embargo hay un gran conflicto socioambiental al que se le presta poca atención, y es el que se produce como consecuencia de la mal llamada minería “informal”, que en realidad es ilegal e ilícita, y se realiza sin el menor respeto a ningún estándar ambiental. Esta actividad, al igual que la gran minería, se ha expandido en todo el país debido a la enorme alza del precio del oro.

En el gobierno de Alan García se dictaron algunas medidas para controlar la catástrofe ambiental de Madre de Dios, entre ellas el Decreto de Urgencia 012-2010, para el ordenamiento de la actividad minera en dicha región, y que llevó a realizar algunos operativos para la destrucción de dragas. A las que se sumaron, como consecuencia de las protestas de la provincia de Azángaro , se emitieron el D.S. 028-2011 y el D.U. 035- 2011 que apuntaban a la descontaminación de las cuencas de los ríos Ramis y Suches en Puno.

Sin embargo, y para sorpresa de la opinión pública, un grupo de congresistas nacionalistas encabezados por Amado Romero, expresidente de la Federación Minera de Madre de Dios, ha presentado un Proyecto de Ley que busca la derogatoria de dichos decretos, aduciendo razones de inapropiada técnica legislativa, con la finalidad de que la minería informal siga realizándose sin mayor control, como ha venido ocurriendo en los últimos años.

Frente a semejante despropósito, solo queda esperar que el Congreso de la República envíe al archivo el proyecto en mención, y que además proceda a realizar un proceso disciplinario a un congresista que estaría buscando beneficiarse a través del mismo. Pero también es fundamental que el Poder Ejecutivo, a través de Ministerio de Ambiente, precise cuál es la propuesta del sector que en el gobierno anterior asumió el liderazgo de la lucha contra la contaminación generada por la práctica ilegal de la minería. Asimismo, que el Ministerio de Energía y Minas deje de evadir su responsabilidad, luego de que durante años ha entregado concesiones sin ningún tipo de control, y que OSINERGMIN realice la fiscalización de los insumos que se utilizan en dicha actividad.

Viviendo tiempos de cambio, en los que se está buscando establecer una nueva relación entre la gran empresa minera, las comunidades y el Estado, tanto a través del gravamen logrado por el nuevo gobierno como de la Ley de Consulta Previa, y que se anuncia una política de ordenamiento territorial, es fundamental que junto a estas medidas se aplique una enérgica política que involucre al conjunto del Estado para enfrentar el desastre ambiental y social que la minería informal genera.