Mi vecino, el gasoducto

Columnistas | 27-09-2011 | Javier Torres

Mi vecino, el gasoducto

Uno de los conflictos sociales menos mediáticos de los últimos años es el que vienen confrontando algunas comunidades de Ayacucho frente a la empresa Perú LNG. El conflicto ha generado movilizaciones a Lima, largas negociaciones y recientemente la quema de varias camionetas en las alturas de Vinchos, sin que a nadie le llame mucho la atención. Las comunidades reclaman que la empresa pague compensaciones por el daño que la construcción del ducto que trae el gas de Camisea a la costa ha provocado en sus terrenos.

Como todos sabemos, la historia de Camisea se inicia hace más de 30 años cuando la Shell descubrió el yacimiento que generó enorme debate, en el cual tuvo un gran protagonismo el entonces alcalde de Cusco, Daniel Estrada, que reclamaba que el primer usuario del gas debía ser el Cusco. Años más tarde, el gobierno de Alberto Fujimori reimpulsó el proyecto y aunque las demandas cusqueñas seguían siendo las mismas, otra razón de preocupación fue garantizar que se redujeran al máximo los impactos en los pueblos indígenas vecinos al yacimiento. Finalmente el proyecto sí se desarrolló, pero sin la Shell, que lo abandonó por no considerarlo rentable.

A lo largo de esta década, Camisea ha sido un tema presente de manera permanente en el debate político. Incluso en la última campaña electoral, Ollanta Humala tuvo como bandera la renegociación del contrato para el uso del Lote 88 para consumo interno –que aún no termina- y la reducción del precio del gas que sigue pendiente. Ahora se anuncian (desde el gobierno y las empresas) y se exigen (desde los gobiernos regionales y locales) la construcción de nuevos ductos que lleven el gas a todo el país.

Sin embargo, a nadie le importa mucho la supervisión y el monitoreo de los impactos que tales construcciones generan en la vida de las comunidades que viven en la ruta de los gasoductos, que al comienzo ven con expectativa la presencia de las empresas constructoras, pero luego cuando estas se retiran, constatan que las promesas de no afectación no son tales. Así, las tierras vecinas a los ductos no son tan productivas como antes, los caminos de herradura no pueden ser utilizados y sus vidas cambian sin que sus condiciones de pobreza cambien sustantivamente.

Por dicha razón es que las comunidades de Vinchos vienen participando de una negociación por compensaciones con Perú LNG, que solo se abrió cuando un significativo número de comuneros hicieron una marcha de sacrificio a Lima en el mes de abril, y que al no avanzar llevó a la destrucción de una válvula del ducto y varios vehículos de la empresa en la localidad de Acopampa, con el afán de presionar a la empresa, hecho condenable como todo acto de violencia, pero que provocó la rápida reacción de la empresa y el logro de un acuerdo.

En Lima quizás el tema sea irrelevante como tantos otros hechos que ocurren fuera de la capital, pero para poblaciones que tuvieron que enfrentar y resistir la violencia de Sendero Luminoso o que tuvieron que desplazarse a la ciudad para salvar sus vidas, no puede ser posible que el Estado se ponga de lado, esperando que la empresa y la comunidad lleguen a un acuerdo, y que la única oferta para que enfrenten su pobreza sea que tengan el honor de ser vecinos de los gasoductos.