¿Cruzada anticorrupción?

Columnistas | 18-10-2011 | Javier Torres

¿Cruzada anticorrupción?

La reciente denuncia hecha por IDL Reporteros en relación a un posible tráfico de influencias hecho por el congresista y segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, para favorecer al Grupo Wong, pone sobre el tapete el problema de la corrupción. En este caso significa un duro golpe para el gobierno de Ollanta Humala, que había logrado mantenerse a prudente distancia de los escándalos vinculados a varios de sus congresistas.

Humala en su campaña prometió entre muchas otras cosas: la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, el juicio de residencia, la revocatoria de autoridades y “mandar a la cárcel” a los corruptos. Asimismo, en su discurso inaugural anunció la “muerte civil” y la eliminación de los beneficios penitenciarios para los funcionarios que cometieran actos de corrupción. A todo ello se agregó el anuncio del Primer Ministro Salomón Lerner Ghitis en su presentación al Congreso,en agosto, que “se creará una Procuraduría General para casos de corrupción y criminalidad para altos funcionarios del Estado”.

Por el momento solo se ha cumplido con la imprescriptibilidad, que ha sido motivo de amplio debate. Pero del resto de propuestas, es poco lo que se sabe, lo cual echa sombras sobre la supuesta voluntad moralizadora del nuevo gobierno, a pesar de que hace un par de días, en Iquitos, el Presidente afirmó que “instamos a todas las autoridades regionales y locales a ponerse la camiseta de la lucha contra la corrupción y a colaborar con el gobierno central, para de esta manera iniciar una verdadera cruzada”.

El problema es que más allá de los anuncios, no queda claro en qué consiste la “cruzada presidencial”, que a la manera de aquellas que en la Edad Media buscaban recuperar Jerusalén de los “infieles”, puede terminar siendo un enorme fracaso, si es que no se pone en marcha el paquete de reformas anticorrupción tantas veces anunciado, y si el Presidente de la República no tiene la autoridad suficiente para “ordenar la casa” y poner al margen a quienes hayan entrado al gobierno a favorecer negocios privados o a desarrollar los propios.

Por ello, la denuncia contra Chehade, de ser plenamente confirmada, debería llevar al alejamiento del segundo vicepresidente del gobierno, si es que el Presidente Humala no quiere perder la confianza que la ciudadanía depositó en él para erradicar uno de los peores males de nuestra república. De darse el caso, el Presidente tendrá que hacer a un lado a quien fue su abogado defensor y uno de sus más cercanos colaboradores. Menudo dilema.