Una agenda para un “nuevo pacto minero”

Columnistas | 15-11-2011 | Javier Torres

Una agenda para un “nuevo pacto minero”

Los recientes conflictos de Cajamarca y Andahuaylas muestran que no es posible seguir promoviendo el desarrollo de la gran minería sin garantizarle a la población que estos harán un uso racional y sostenible del agua. También muestran el rechazo a que la minería informal avance impunemente contaminando aguas y cuencas. La razón es: La gente se cansó de que el Estado se ponga del lado de una de las partes (gran minería) o al margen (informales).

Este hartazgo se hace más que evidente cuando las protestas han recibido el apoyo de la población que respalda a los movilizados, tal como se ha visto en los informes televisivos el último fin de semana, y que confirma lo que una reciente encuesta nacional de Datum ha recogido: El 73.8% de la población considera justas las protestas contra la minería.

Ante esta situación, la pregunta es: ¿Por qué tanta indecisión en el gobierno para hacer reformas en las políticas de promoción minera e institucionalidad ambiental? ¿Es acaso porque el gobierno se comprometió con las empresas a que no hubiera cambios? ¿O es que hay incapacidad para pasar del discurso a las políticas?

La impresión que ha dado la acción y declaraciones de diversos ministros es que existen tensiones al interior del gobierno que no terminan de resolverse, y que nos pueden llevar a un camino de parálisis que no resolverá los conflictos ni generará cambios. Por ello es saludable que Carlos Tapia, asesor del Primer Ministro, haya planteado “la necesidad de un Pacto Nacional Minero”, en el que los diversos actores del conflicto participen, incluyendo a los presidentes regionales. Sin embargo, para que ello tenga un nivel de viabilidad, es urgente que el gobierno proponga cuáles serían los puntos centrales de ese pacto.

Al respecto existen diversas propuestas, como las que la Asociación SER ha planteado desde hace varios meses. Entre ellas se encuentran la necesidad de una Ley y Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial que ayude a definir dónde es posible desarrollar actividades productivas como minería, agricultura, petróleo, etcétera; la definición de en qué casos los Estudios de Impacto Ambiental deben ser evaluados por el Ministerio del Ambiente; la realización de Evaluaciones Ambientales Estratégicas en zonas donde se concentran diversos proyectos mineros; la urgente implementación de un único catastro nacional –hoy inexistente- que registre todas las concesiones y derechos de uso del suelo que el gobierno haya reconocido y otorgado.

Asimismo, otros aspectos vinculados a la relación con la población, que van más allá de la aplicación de la consulta previa como la modificación del Reglamento de Participación Ciudadana del Ministerio de Energía y Minas, que en realidad es un mecanismo de la estrategia de relaciones comunitarias de las empresas, y una verdadera política de información del Estado hacia los pueblos y comunidades para que sepan qué derechos otorgan las concesiones mineras, y que derechos y garantías tienen los propietarios del suelo.

Si queremos un Pacto Minero es hora de que todos los actores pongan las cartas sobre la mesa para llegar a un consenso, como el que ya se ha logrado con relación a la necesaria erradicación de la minería informal. Si el gobierno y el sector privado quieren seguir promoviendo y desarrollando la gran minería, será necesario el cambio de políticas, de lo contrario seguiremos sumergidos en la polarización que se viene desarrollando estos días.

PD. El columnista es miembro de la Asociación SER y ha sido parte del equipo que ha elaborado las propuestas mencionadas. El documento completo se puede ver en: http://www.noticiasser.pe/files/pdf/Recomendaciones_ para_la_gestion_de_conflictos_Asociacion_SER.pdf