Jugando para el enemigo

Columnistas | 21-02-2012 | Javier Torres

Jugando para el enemigo

El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa parece haber caído en un punto muerto. Cuatro de las seis organizaciones sociales que fueron convocadas por el gobierno para discutir la propuesta de reglamento no han acudido al diálogo que se inició el día viernes, además han acusado al gobierno nacional de actuar con mala fe y estar al servicio de las grandes empresas transnacionales. Por ello exigen que antes de aprobar el reglamento hay que reformar la ley, pero no olvidemos que algunas de las organizaciones saludaron la ley cuando fue promulgada.

Desde la otra orilla hay sectores vinculados a los intereses de los grandes capitales, como el diario El Comercio que en un reciente editorial ha señalado que “mientras el ámbito de aplicación de la ley siga siendo ambiguo y general, el derecho a la consulta solo rociará la pradera con gasolina”. Aludiendo con esto no solo al reglamento en debate, sino a la ley en general, que no hace sino recoger los principios del Convenio 169 de la OIT.

Ambas posiciones nos muestran lo lejos que estamos en nuestro país de la posibilidad de implementar realmente el mecanismo de la consulta previa, ya que si bien la Comisión Multisectorial continúa con su trabajo, recogiendo las propuestas de quienes participaron en sendas reuniones en 6 regiones y en Lima -y finalmente pueda aprobar el reglamento-, está claro que un sector de la dirigencia que representa a los pueblos indígenas, no le reconocerá validez siendo muy probable que acudan a instancias internacionales como la CIDH, como ya lo han señalado.

Ahora bien, ¿han calculado los dirigentes que cuestionan la Ley, qué viabilidad tiene la reforma en el Congreso? ¿Son conscientes que de todas maneras la ley está vigente y que -con o sin reglamento- deberían estar haciéndose consultas previas? ¿Es posible que el Congreso, que aprobó la ley por unanimidad, vaya más allá del Convenio 169 y reconozca el derecho a veto que exigen? Sin duda el cálculo de la dirigencia de organizaciones como AIDESEP o CONACAMI tiene que haber tomado en cuenta este factor, y es probable que ellos sepan que tal reforma es inviable. Lo que nos lleva a pensar que, en verdad, no creen que haya viabilidad de aplicación de la consulta previa con el gobierno de Humala debido a la opción del Presidente de la República, de seguir promoviendo la gran inversión extractiva.

Más allá de las limitaciones que ha mostrado el equipo del Viceministerio de Interculturalidad y del INDEPA para organizar el proceso de diálogo y manejar la relación con las organizaciones indígenas, el problema de la posición maximalista que han tomado sus dirigentes lleva a la consulta a un punto muerto. Con ello terminan haciéndole un enorme favor a quienes desde hace varios años, desde la burocracia estatal, el sector privado y algunos medios de comunicación, han negado los derechos de los pueblos indígenas, y olvidan que la consulta previa no solo es un derecho vinculado a los proyectos extractivos, sino a diversos aspectos de las vidas de sus comunidades, que son permanentemente afectadas por políticas públicas que han sido diseñadas a sus espaldas.