Jueves 20 de Junio del 2013

Columnistas | 17-07-2012 | Javier Torres

Conflictos e instituciones tutelares

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Siempre me he preguntado por qué la palabra “acuerdo” en el Perú es vista como sinónimo de “traición”, o que la palabra “arreglo” es sinónimo de algún tipo de solución fuera de la ley, en la que priman los intereses particulares, sobre todo de la parte que tiene el poder. Sin duda, el uso que damos a las palabras tiene un sentido y en este caso, este proviene de la experiencia concreta y de una larga tradición en la que normalmente ni las decisiones políticas ni la ley han sido producto del consenso, sino más bien de la imposición. Y eso lo creen tanto quienes gobiernan como quienes protestan, llevando de esta forma la política a un campo de guerra donde el que no piensa como uno, sencillamente es considerado un enemigo.

 

Quizá por ello en el Perú la resolución de conflictos se ha ido volviendo una tarea cada vez más complicada, donde los actores políticos y sociales que se ven enfrentados desconfían hasta el extremo de cualquier propuesta que busque una solución, y peor aún si tienen que ceder en sus posiciones. Esto no es solo particular de nuestro país ni forma parte de una suerte de ADN nacional, pero la tendencia al aumento de los conflictos y a las posiciones intransigentes no debe pasar desapercibida, sobre todo porque en el Perú la institucionalidad democrática es muy débil y el sistema político lo es más aún.

 

De esta forma, recurrentemente se apela a la figura de un tercero supuestamente neutral que además se considera que tiene una autoridad moral, que no emana de la voluntad del pueblo, ni del soberano, sino que se basa en la tradición, que además se asume como natural, y por tanto no resiste mayor crítica. En el Perú ese rol, según sea el caso, ha sido asumido por la Iglesia católica y por las Fuerzas Armadas. En el reciente conflicto de Conga, tanto en la mediación, no institucional sino personal, de los religiosos Cabrejos y Garatea, como en el establecimiento del Estado de Emergencia, donde las Fuerzas Armadas no solo actúan como un factor disuasivo, sino que hacen desfiles militares los días domingos, ha sido el gobierno nacional el que ha invocado a estos actores. Medidas que además son aplaudidas por un amplio sector de la población, mostrando así que ni quienes conducen el país, ni los ciudadanos terminan de tener claro que el Perú es una República.

 

Ante tal situación, más allá del conflicto Conga y de las vías de salida por la que ha optado el gobierno, lo que habría que preguntarse es: ¿Hasta cuándo en el Perú vamos a optar por las instituciones tutelares en vez de solucionar nuestros problemas por los canales institucionales existentes? La respuesta es simple: Hasta que se genere un consenso y un acuerdo de lo imprescindible que es realizar una verdadera reforma del Estado y pasemos de tener un Estado “carcocha” a tener un Estado moderno, laico, democrático, eficiente y fuerte.

 
Javier
Torres

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