EL CONGRESO SIGUE DISUELTO

Columnistas | 01-02-2011 | Javier Torres

EL CONGRESO SIGUE DISUELTO

Cuando el 5 de abril de 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República con la anuencia de una ciudadanía que no sintió la más mínima identificación con sus representantes, dio una estocada de muerte a la vieja idea republicana de que el Parlamento es el primer poder del Estado.

Luego de casi veinte años vemos que la situación no ha mejorado mucho. Peor aún, el actual gobierno ha demostrado que no es necesario disolver el Congreso para gobernar sin mayor control, ya que, a pesar de no contar con mayoría parlamentaria, le ha bastado legislar a través de los llamados ‘Decretos de Urgencia’ o de la delegación de facultades Legislativas que generosamente el Congreso le otorga, sin hacer respetar sus fueros.

Aunque pueda resultar un escándalo decir que el Congreso “no sirve para nada”, tengo la impresión que esa idea ronda permanentemente en la cabeza de la ciudadanía y la opinión pública, pero como hay cosas que no se pueden decir en voz alta, preferimos hablar sobre el tipo de candidatos, el desinterés de los partidos en hacer una buena selección, la ausencia de requisitos, la necesidad de la bicameralidad, la falta de una representación real, etc., etc.

El Parlamento que elegiremos el diez de abril puede ser peor que el actual, pero antes de profetizar sobre el tema o ejercer el ‘chamanismo’ en el análisis, no deberíamos olvidar que existe un Congreso vigente cuyos integrantes siguen recibiendo sus sueldos, y tienen una agenda pendiente que no acaban de resolver, donde se encuentran temas como la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas o la revisión del Acuerdo Energético Perú-Brasil.

Justamente, revisar estos temas pendientes nos permite entender por qué el Congreso no funciona. Y es que estos asuntos tienen que ver no solo con el modelo económico que se viene aplicando hace veinte años en nuestro país, sino también con poner en cuestión a quienes ejercen el verdadero poder en el país. Para ello basta revisar la lista de los 33 proyectos de inversión en infraestructura declarados de interés nacional por los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011.

Si el Congreso de la República conserva un mínimo de dignidad debería derogar de inmediato ambos decretos por vulnerar la Constitución. Si no lo hace no hará más que confirmar que ya ni siquiera es un Poder del Estado y que, en los hechos, continúa disuelto.