Mientras escribo esta columna, miles de manifestantes han llegado a la Plaza de Armas de Puno. Como ocurriera hace varios años la población del sur de Puno, predominantemente aymara, se ha movilizado. Esta vez no en contra de un alcalde cuestionado como en Ilave 2004 sino en contra de la presencia de las empresas mineras. La protesta lleva varios días y ha puesto en jaque al nuevo presidente regional Mauricio Rodríguez quien se ha visto obligado a firmar una ordenanza contra la minería que a todas luces es anticonstitucional, ya que invade las competencias del gobierno nacional.
Mientras tanto, nuestro siempre alegre presidente de la República ha declarado que estamos ante un “paro electoral” y ha autorizado el ingreso de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Energía y Minas ha enviado una Comisión de alto nivel que, lejos de dar una salida al tema, no ha tenido mejor idea que conformar un grupo de trabajo y en cierto momento evitó llegar a Puno aduciendo razones de seguridad. Finalmente el diálogo ha girado en torno a una demanda prácticamente innegociable: la suspensión de las concesiones mineras en toda la región.
Ciertamente, tras las demandas de la población, hay un conjunto de pedidos entremezclados: preocupaciones reales por concesiones que afectan la Laguna Umayo en el Complejo Arqueológico de Sillustani en Puno y el “Apu” Khapía en Yunguyo , otras que tienen que ver con la exigencia de mayores recursos a la minería, a lo que se suma la agenda particular por la lucha entre el Ejecutivo regional presidido por Mauricio Rodríguez y la mayoría del Consejo Regional que pertenece al movimiento Raíces, que fue derrotado en la segunda vuelta regional y que es liderado por el recientemente electo congresista por Perú posible y ex alcalde de Puno, Mariano Portugal.
Esto resulta bastante claro ya que lo que se inició como un movimiento de protesta contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa Bear Creek por mayores recursos para comunidades de la zona de impacto indirecto, se convirtió por obra del Consejo Regional en alianza con el Frente de Defensa de la Zona Sur, en una propuesta de ordenanza de suspensión de toda la actividad minera en la región, que fue firmada a regañadientes por el presidente Rodríguez, lo que previsiblemente le generara una denuncia del gobierno nacional por la invasión de fueros.
Llegamos así a la primera crisis de gobernabilidad regional del período que se inició el 1 de enero. Sin embargo, en tiempos de juramentos electorales y de pasacalles presidenciales, la bomba de tiempo que se está generando en Puno, poco o nada importa, hasta que no haya algún muerto que lamentar.
Javier
Torres