PUNO Y SUS DEMANDAS

Columnistas | 21-06-2011 | Javier Torres

PUNO Y SUS DEMANDAS

Puno sigue en la noticia. Las razones son de todos conocidas: La cancelación de las concesiones mineras, petroleras e hidro-energéticas y el reclamo de que se aplique la consulta previa. Sin duda detrás de estos reclamos hay actores políticos, sobre los cuales ya he escrito en esta columna. Pero lo que debemos evaluar es cuán legitima es la agenda puneña.

Lo primero que debe recordarse es que a lo largo de los cinco años de gobierno de Alan García, el Estado ha otorgado la mayor cantidad de concesiones, sin informar y mucho menos consultar. El argumento ha sido que el subsuelo pertenece a la nación, y por tanto el gobierno nacional tiene que priorizar los intereses nacionales, y no subordinarse a intereses particulares. Todo esto en nombre de la renta producida, que servirá para hacer obras públicas.

Lo curioso del argumento es que se califica de interés particular a los reclamos y demandas de pueblos y comunidades enteras, así como de las autoridades electas de aquellos lugares en los que se encuentran los recursos a explotar. Es decir, se califica de privado aquello que es de interés público, como son los impactos ambientales y sociales que un proyecto genera. Y al mismo tiempo se califica de interés nacional aquello que en realidad responde a los intereses privados de las empresas que serán las principales beneficiarias de la explotación de los recursos.

Esta inversión de los conceptos forma parte de un discurso que hemos oído ‘ad infitum’ en los últimos veinte años, y que a pesar de haber sido derrotado en las elecciones presidenciales, sigue siendo repetido por los grandes medios de comunicación, los gremios empresariales como la Confiep, y por la mayoría de líderes políticos de nuestro país, que consideran que el único rol del Estado es entregar concesiones y poner orden frente a “los revoltosos que defienden intereses subalternos”.

Pero los puneños se cansaron, y decidieron recordarle a Lima que son tan dueños y dueñas del Perú como nosotros, y que por tanto tienen que ser escuchados. Lamentablemente ellos no han tenido el mismo poder de quienes con el mismo derecho defendían la Bahía de Ancón, declarada intangible por el Congreso de la República.

Los puneños tienen que bloquear carreteras durante semanas para que, finalmente, se les reciba en Lima, y si es que se llega a algún acuerdo, confiar en que éste se cumpla. Y todo porque -más allá de que algunos políticos buscan cosechar en medio de la tormenta- tienen una legítima preocupación, que no se quiere reconocer: sus tierras y las aguas les sirven para desarrollar la ganadería y la agricultura, que son sus principales medios de subsistencia. Por cierto, ambas actividades no son ilegales como otras que el estado ha tolerado, permitiendo que crezcan sin control: el contrabando, el narcotráfico o la minería informal.

Por ello preocupa sobremanera que el electo presidente Ollanta Humala haya declarado que al actual gobierno le quedan cuarenta días para resolver las demandas puneñas, ya que da pie a que éste deje que las protestas sigan desarrollándose, confiando en que se desgasten o que se prolonguen hasta el cambio de mando. Humala debe dar pronto un mensaje distinto al que ha venido recibiendo Puno en las últimas semanas, si no lo hace, el riesgo de que la situación se desborde totalmente y le estalle en las manos es demasiado alto.