No podía ser de otra manera. La Comisión de Ética del Congreso ha sancionado con la máxima pena, 120 días de suspensión, al congresista Omar Chehade. Con esta sanción, el señor Chehade queda imposibilitado, no legal sino moralmente, para ejercer el cargo de vicepresidente de la República.
Queda ahora por ver cómo sancionará la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Independientemente del fallo, los actores políticos involucrados, presidente y vicepresidente, pareciera que no se dan cuenta del daño que le vienen haciendo a la institución de la presidencia de la República.
Desde que el presidente Humala tuviera dos infortunadas intervenciones, una para solicitar un paso al costado y otra para indicar que el caso estaba cerrado, se convirtió en protagonista de este drama político, un actor estelar cuyas invocaciones no son tomadas en cuenta o no tienen sustento legal.
Imagine usted por un momento que hay ausencia del presidente e indisposición de la primera vicepresidenta, Marisol Espinoza, al mismo tiempo. Lo que indica la Constitución es que el que asume es el segundo vicepresidente. Así se ha diseñado nuestra arquitectura legal. Y tendría que asumir el señor Chehade porque de lo contrario incurriría en incumplimiento de la Constitución, la cual no puede ser reemplazada por un simple comunicado que, como el preparado por Chehade, indica que queda expedito el camino para que la presidencia de la República la asuma el presidente del Congreso. Al día de hoy sigue siendo segundo vicepresidente el señor Omar Chehade, con todas las implicancias políticas que esto acarrea.
Por eso es lamentable que la clase política se esté dejando arrastrar por esta tragicomedia. La noche del domingo, dos importantes congresistas, ante la pregunta de Enrique Castillo sobre la declaración presidencial dijeron que la postura del presidente Humala, de dar por cerrado el caso, era necesaria y digna de apoyarse porque significaba voltear la página. Con esa declaración los congresistas reconocían que en el Perú no hay un orden legal ni constitucional y que la fragilidad institucional es de tal magnitud que una declaración o un comunicado se colocan por encima de la Constitución. Y lo dijeron dos congresistas que son abogados con trayectoria. Me refiero a Javier Velásquez Quesquén y Javier Bedoya de Vivanco.
El deterioro político al que nos está llevando el gobierno es inquietante, quedando el Congreso para resolver, de manera definitiva, lo que el Ejecutivo ha demostrado que no puede hacer.
En ese sentido nos enteramos que la señora Nadine Heredia participa en el Consejo de Ministros con lo cual la sensación de un gobierno bicéfalo marcha viento en popa…con la aceptación de los ministros. Y que el Presidente de dicho Consejo, Salomón Lerner, señala que Antauro Humala es preso político, dando un mensaje al mundo que en el Perú se persigue por ideas. No es así. Antauro Humala cometió un vulgar acto delincuencial que costó la vida de 4 policías, algunos de ellos desarmados. Si esa actitud, demente y criminal, es un acto político, según lo dicho por el Premier, debemos realmente preocuparnos.
Juan
Sheput