Columnistas | 11-08-2011 | José Godoy
Luego de 19 años, 7 familias podrán concluir su proceso de duelo. Esta semana se hallaron los restos de 9 campesinos y comerciantes del distrito de El Santa (Ancash), desaparecidos y asesinados por miembros del destacamento Colina el 2 de mayo de 1992. En octubre de 2010, la mayor parte de los miembros de Colina, así como mandos civiles y militares, fueron condenados a penas entre 15 y 25 años de prisión por este y otros crímenes.
Más allá de la confirmación de la política de violaciones a los derechos humanos aplicada por el gobierno de Alberto Fujimori, este caso vuelve a poner en la agenda pública la necesidad de una política de Estado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
El hallazgo de los restos de las 9 personas de El Santa desaparecidas y asesinadas se ha debido a los esfuerzos de los familiares antes que a la existencia de una política de investigaciones antropológico - forenses en nuestro país. Un reciente comunicado del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) señala que “urge la necesidad de que exista hoy una política eficiente de búsqueda e identificación de personas desaparecidas fomentada por el Estado”.
Este no es un problema menor. De acuerdo con cifras manejadas por el EPAF, más de 15,000 peruanos desaparecieron entre 1980 y 2000. En sus investigaciones, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró la existencia de 4,644 sitios de entierro a nivel nacional. La CVR también recomendó la elaboración de un Plan de Intervención Antropológico – Forense que permitiera la investigación, identificación y recuperación de los restos de desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente. Este Plan sería ejecutado por una Oficina de Personas Desaparecidas, que nunca fue creada.
Sin embargo, dicho Plan no ha sido implementado en la forma recomendada por la CVR, lo que no ha impedido que tanto el Ministerio Público, a través del Instituto de Medicina Legal, así como con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, haya podido recuperar los restos de varias personas. A pesar de este esfuerzo, la dimensión de la tarea es enorme, tanto por la cantidad de sitios de entierro, como por el alto número de víctimas.
Es necesario que tanto el Ministerio Público como el nuevo gobierno pongan atención a este tema. Más allá de la obtención de pruebas judiciales, se trata de una respuesta para cerrar un duelo que parece ser eterno.
Lo mejor es despejar cualquier interrogante.
José
Godoy